La demanda, promovida por un grupo de 30 letrados, intelectuales, académicos y activistas con el apoyo de 25,000 firmas (20,000 recogidas a través de internet y 5,000 en papel), se hace extensiva al Ejército y a los jefes de los cárteles de la droga.
Según explicó a Efe el abogado Sandoval, en 700 páginas se documentan más de 470 casos presentados como "violaciones de los derechos humanos", ocurridos a partir de 2006 y calificados de delitos de tortura, desapariciones, asesinatos, mutilaciones, abusos sexuales y reclutamiento de menores.
Tras la presentación de la demanda, los denunciantes esperan que la fiscalía, tras el pertinente análisis de los documentos entregados, decida abrir una investigación preliminar.
Además de a Calderón, se identifica como responsables de esos crímenes a altos cargos del Ejército y a los jefes de los principales cárteles de la droga, quienes, según los demandantes, han generado "una crisis humanitaria en México en la que han muerto más de 50,000 personas, otras 10,000 han desaparecido y unas 230,000 se han visto desplazadas".
Netzai dijo que la responsabilidad penal de Calderón es diferente a la de los altos cargos del Ejército y los narcotraficantes: "El presidente mexicano es responsable de los crímenes no por acción, sino por omisión, tal como recoge el artículo 28 del Estatuto de Roma de la Corte".
Sobre el Ejército, apuntó que "no tiene un protocolo de actuación en México y en sus actuaciones ha violado a mujeres y a niñas, ha torturado, ha amputado partes del cuerpo y ha provocado desapariciones forzosas" .
En el caso de los capos del narcotráfico, los crímenes, indicó, se traducen en el reclutamiento de menores a las filas de los cárteles.
El abogado considera que la CPI tiene jurisdicción para investigar los supuestos crímenes que se denuncia, ya que se han producido de forma "sistemática", contra la población civil y las leyes nacionales no las contemplan.
"La CPI es la única instancia a la que podemos recurrir" ya que las leyes mexicanas no recogen este tipo de crímenes", declaró.
Este tipo de denuncias como la presentada hoy se conoce en la CPI como "comunicaciones de información", en las que un Estado, una organización o un individuo insta a los fiscales a investigar presuntos crímenes de guerra bajo su jurisdicción, para lo cual también se necesita que el país donde se han cometido los delitos sea miembro del Estatuto de Roma, como es el caso de México.
