Los expertos consideraron que es necesario que estos niños tengan "audiencias plenas y justas" en los Tribunales de Inmigración. Y advirtieron sobre "las potenciales consecuencias letales" que podrían tener para los menores si se acelera sus procesos de deportación, tal y como pretende hacer la administración Obama ante la avalancha de casos que se acumulan en los juzgados.
La jueza de inmigración Dana Marks, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, recordó que "los niños y los adolescentes son una población vulnerable con necesidades especiales".
"Los jueces de inmigración estamos en mejor posición de garantizar el derecho procesal e instruir procesos de forma más eficaz y justa cuando tenemos la flexibilidad de evaluar caso por caso las necesidades del individuo que se presenta ante el tribunal", dijo la jueza Marks en una conferencia telefónica con periodistas.
Jueces y abogados de inmigración criticaron la decisión de la administración Obama de dar prioridad a los casos de inmigración de los 63,000 niños indocumentados no acompañados que han cruzado desde el pasado mes de octubre la frontera, la mayoría de ellos procedentes de Centroamérica.
A su juicio, dar prioridad a los casos de los niños no sólo va a provocar que los menores tengan menos tiempo para preparar bien su caso, sino que va retrasar el resto de casos que se encuentran actualmente pemdientes de resolución en los juzgados de inmigración.
Michelle Brané, directora del programa de derechos de migrantes y justicia de la Comisión de Refugiados, expresó su preocupación en lo que respeta a las garantías legales de los menores si se acelera el proceso de deportación de los niños no acompañados.
"El mundo está mirando cómo respondemos a madres, bebés y niños que vienen a nosotros buscando protección. No debemos dar la espalda a nuestras tradiciones de justicia y un proceso justo. Esta es una oportunidad para demostrar de lo que somos capaces", añadió Brané.
Stephen Manning, miembro de la Asociación Estadounidense de Jueces de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés), explicó que decidió hacerse voluntario y ofrecer gratuitamente sus servicios legales a estos niños porque "no podía permitir que el gobierno deportara a madres y niños sin garantías legales".
Los expertos coincidieron en señalar las dificultades a las que se enfrentan estos niños al tener que defender muchos de ellos su caso ante un juez de inmigración sin la ayuda de un abogado. Y recordaron que tener asistencia legal aumenta las posibilidades de los niños de quedarse en Estados Unidos, ya sea con asilo u otro tipo de alivio migratorio.
A diferencia de lo que ocurre en un proceso criminal, en el que si el acusado no tiene dinero para pagar un abogado se le garantiza un letrado de oficio para que le defienda, en los procesos de inmigración en Estados Unidos no está garantizado la asistencia legal de un abogado, independientemente de la edad del inmigrante indocumentado.
En la actualidad hay sólo unos 260 jueces de inmigración que trabajan en 59 tribunales de inmigración repartidos por todo el país. El Departamento de Justicia ya ha anunciado que va a contratar más jueces temporales para tratar de acelerar el proceso, sin embargo, éstos todavía no han llegado a la frontera, precisó la jueza Marks.
Los tribunales de inmigración de Estados Unidos acumulan un número récord de casos pendientes de resolución debido al aumento significativo en los últimos meses de los casos de menores.
El pasado mes de junio había en los tribunales de inmigración estadounidenses 375,503 casos pendientes de resolución, un récord en el sistema judicial de ese país. Había 50,000 casos más que un año antes, según datos del centro de análisis Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Siracusa.
El tiempo medio de espera en los tribunales de inmigración de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, en sus siglas en inglés) se ha alargado hasta los 587 días.
