Los dos organismos recopilaron información sobre “las necesidades existentes y la oferta institucional disponible para la atención a las comunidades ubicadas en zonas de frontera, teniendo en cuenta los distintos perfiles migratorios de quienes están en tránsito o residen en estas regiones”.
El informe incluyó un trabajo de campo en las zonas fronterizas de Colombia con Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador y la realización de cuatro mil 153 encuestas a la población.
El documento reconoció que a pesar de los “esfuerzos realizados por las instituciones nacionales y locales en materia de atención, asistencia y reparación integral, persisten brechas en el acceso de las víctimas del conflicto armado a la oferta institucional”.
También hace falta más “protección de sus derechos fundamentales para la prevención y mitigación de los riesgos asociados al conflicto armado y los flujos migratorios irregulares, tales como desplazamiento forzado, tráfico y trata de personas”.
Las poblaciones de fronteras tienen “dificultades para el acceso a la documentación y a condiciones dignas de recepción en el país de acogida, afectaciones al derecho a la vida, abandono o despojo de bienes inmuebles, y riesgos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes”.
El informe resaltó una especial preocupación por la situación de las comunidades afrodescendientes e indígenas asentadas en zonas de frontera.
Agregó que a pesar de “la existencia de un desarrollo normativo y jurisprudencial para la protección y supervivencia de los grupos étnicos, el gobierno colombiano debe hacer más efectivos y eficientes los mecanismos de atención a dichas comunidades”.