El organismo dio a conocer un documento con observaciones del caso específico de Argentina en el que subrayó, por ejemplo, que el gobierno del presidente Mauricio Macri no ha nombrado a un Defensor del Pueblo.
Además, dijo, las autoridades redujeron personal y aplicaron cambios institucionales en áreas destinadas a la protección de los derechos humanos, particularmente en las destinadas al proceso de memoria, verdad y justicia.
La ONU manifestó una preocupación particular sobre la lentitud en el avance de las investigaciones, tramitaciones y dictados de sentencia de los juicios de lesa humanidad que han juzgado los crímenes cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983).
Aunque celebró la realización de un informe sobre la responsabilidad empresarial en delitos ocurridos durante el régimen militar, lamentó “los obstáculos en el avance de las investigaciones de estos delitos” y que esté pendiente la creación de una Comisión ex profeso para estos casos.
Por eso, recomendó, “intensificar los esfuerzos en la tramitación de las investigaciones respecto de todas las violaciones a los derechos humanos del pasado, incluyendo los delitos cometidos por empresarios y/o personal de empresas”.
Con respecto al aborto, el organismo denunció que la despenalización autorizada por la Corte Suprema en determinadas condiciones, como cuando el embarazo es producto de una violación, no se cumplen.
“La aplicación de dicha decisión no es uniforme y el aborto legal resulta, muchas veces, inaccesible por la falta de instrumentación de protocolos médicos, del ejercicio individual de objeción de conciencia por parte de los trabajadores de la salud u otros obstáculos de facto”, dijo.
El Estado debe revisar su legislación sobre el aborto y considerar su descriminalización, asegurar el acceso a los servicios de salud reproductiva en todo el país e impedir que las barreras legales obliguen a las mujeres a recurrir al aborto clandestino que pone su vida y su salud en riesgo, apuntó.
Por otra parte, la ONU explicó que las recientes reformas en el servicio de comunicaciones audiovisuales promovidas por Macri “podrían tener el efecto de concentrar la titularidad de los medios de comunicación y afectar negativamente el derecho a la libertad de expresión”.
En ese sentido, recomendó “garantizar el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa”, así como revisar las recientes reformas e impedir la concentración de los medios de comunicación de manera que no menoscaben la diversidad de fuentes y opiniones.
Al abordar la equidad de género, el Comité lamentó “la persistencia de las notables diferencias salariales entre hombres y mujeres, que se ubica en un promedio de 25 por ciento” y la falta de representación femenina en puestos decisorios en los sectores público y privado.
Sobre la violencia machista, denunció las deficiencias en la aplicación de la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la insuficiencia de presupuesto y la falta de implementación de un Plan Nacional en la materia.