Mientras el Gobierno estadounidense da tímidos pasos para transferir a los presos menos peligrosos de la Base Naval de Guantánamo, cinco de los reclusos de más alto valor de este penal asistieron hoy a una nueva ronda de audiencias para determinar las normas que gobernarán su juicio, que podría desembocar en una condena a muerte para todos ellos.
La jornada presidida por el juez de la corte marcial John Pohl fue monótona y centrada en la posibilidad de que el gobierno estadounidense haya tenido acceso a las comunicaciones privadas entre los abogados de la defensa y sus representados y haya puesto trabas al desempeño de su trabajo.
Sheij Mohamed apareció con su poblada barba roja teñida con jena, arropado con una chaqueta de camuflaje militar y un turbante, como siempre, en la primera fila de la bancada de acusados, leyendo y preguntando en ocasiones a su equipo defensor.
Su sobrino, Ammar al Baluchi, que ayudó a preparar los atentados del 11 de septiembre de 2001; Walid bin Attash, ex guardaespaldas de Osama bin Laden; Ramzi bin al Shibh, piloto frustrado de los ataques del 11S, y Mustafa al Hawsawi, supuesto encargado de la financiación, también estuvieron en la sala del tribunal durante las 8 horas de discusiones, más tranquilos que en ocasiones anteriores.
Al igual que en las últimas audiencias de febrero, las mociones presentadas versaron sobre las violaciones de la confidencialidad para la defensa y sus clientes, y sobre los problemas que suponen para el proceso el hecho de que los acusados pasaran tiempo en cárceles clandestinas de la CIA y, como en el caso de Sheij Mohamed, fueran sometidos a interrogatorios con técnicas consideradas tortura, como el ahogamiento simulado.
El vicealmirante Bruce MacDonald, que fue la autoridad supervisora de las comisiones militares de Guantánamo durante tres años hasta el pasado marzo, reconoció hoy en una videoconferencia que en 2011 se aprobó una orden que permitía vigilar la correspondencia y llamadas telefónicas entre abogados y reclusos.
Las razones de estas normas, en cuya elaboración participó la CIA, eran evitar filtraciones de información clasificada que afectan a la seguridad nacional o la llegada de material considerado "contrabando" a la prisión.
El juez Pohl podría decidir esta semana sobre otras mociones de la defensa como la intención de acceder a los informes confidenciales de la Cruz Roja Internacional sobre sus representados.
Expertos en procesos de pena capital en este juicio como Jim Harrington, defensor de Al Shibh, o David Nevin, representante de Sheij Mohamed, intentan poner en duda la validez de todo el sistema de tribunales marciales de Guantánamo.
Este caso, el más importante de los que se desarrolla en la base estadounidense situada en territorio cubano, trata de aclarar el papel de Sheij Mohamed y sus cómplices, que se enfrentan a cerca de 3.000 cargos de homicidio por las víctimas de los atentados de Nueva York, Washington y Pensilvania el 11 de septiembre de 2001.
"Usted cree que es posible que, en inglés, consiga establecer con mi cliente, que no domina el idioma, una relación consistente en el plazo de 60 días que se me dio", explicaba Harrington a MacDonald, que diseño las normas del proceso cuando comenzó el año pasado.
Nevin subrayó que MacDonald no tenía "experiencia en casos de pena capital", "leyes muy complicadas", y criticó el tiempo dado para preparar el caso con sus defendidos por una persona que "tampoco ha tenido experiencia litigante en los últimos 20 años".
MacDonald, que tuvo que testificar por videoconferencia, debido a la imposibilidad de desplazarse a Guantánamo, y los problemas técnicos que plagaron la vista ponen de relieve las dificultades procesales de esta solución judicial que comenzó con el presidente George W. Bush y que su sucesor, Barack Obama, reformó.
"Las cosas no van a funcionar aquí con tanta eficiencia como en otro lugar", reflexionó el juez Pohl en un momento de la vista.
En la Base Naval de Guantánamo estuvieron presentes hoy dos bomberos que participaron en las labores de rescate en Nueva York, así como otros agentes que sufrieron en su propia piel los atentados del 11 de septiembre de 2001. (EFE)
