La detonación, la segunda que ocurre en Viña del Mar desde el martes, provocó la evacuación del lugar, en medio de la alerta general en el país por los ataques, los que hasta ahora nadie reivindicó.
Ante la crisis, las autoridades pidieron ayuda a equipos policiales y de inteligencia internacional para investigar los hechos.
"Dentro de las diligencias de investigación se ha solicitado colaboración a organismos internacionales para contar con la mayor cantidad de antecedentes", dijo el fiscal regional Raúl Guzmán.
"Hay países que tienen mayor experiencia para este tipo de atentados terroristas. Por lo tanto, no hay que tener ninguna vergüenza en pedir apoyo", afirmó el senador oficialista Jorge Tarud.
En paralelo a estas gestiones, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, encabezó este miércoles una cumbre política con líderes de oposición y gobierno para definir acuerdos y acciones.
"Lo que buscan algunos grupos con este tipo de actos no es desestabilizar a un determinado gobierno, sino al sistema democrático", lamentó la mandataria tras el encuentro.
En paralelo, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, agradeció "el sentido de unidad y sentido de país" de los líderes políticos, tras la reunión en el palacio presidencial de La Moneda.
El ministro agregó que los partidos acordaron impulsar una nueva ley antiterrorista, en medio del debate sobre la ampliación de atribuciones y recursos de los equipos de inteligencia.
"Lo más importante es que no haya impunidad en este hecho tan cobarde", sentenció el funcionario.
Por su parte, el ex presidente Sebastián Piñera advirtió que "el terrorismo y el narcotráfico son enemigos poderosos y crueles", por lo que también pidió unidad.
El atentado al tren subterráneo, que el gobierno calificó de "terrorista", motivó reacciones en las sedes diplomáticas de Estados Unidos y Gran Bretaña en Santiago.
La delegación estadounidense recomendó a sus ciudadanos "aumentar la vigilancia y evitar los paquetes sospechosos o bolsos abandonados" en el transporte o áreas públicas, por ejemplo.
Para esa representación lo sucedido el lunes "sugiere un riesgo continuo de artefactos explosivos en lugares públicos a través de Santiago".
No obstante, el gerente general de la Cámara Chileno-Británica de Comercio, Greg Holland, descartó que el atentado disminuya el flujo de inversiones hacia el país, miembro de la OCDE.
Hasta ahora, pese al impacto de la acción, ningún grupo reivindicó el ataque que dejó 14 heridos, cinco de ellos de gravedad.
Las sospechas principales apuntan a grupos anarquistas, aunque muchos creen que estos están infiltrados, como debaten medios y políticos abiertamente en redes sociales.
"Así como algunos han apuntado a sectores anarquistas, creemos que es importante analizar lo que podría ocurrir con células de ex agentes ligados a la dictadura", dijo el senador oficialista Jaime Quintana.
El ataque, de hecho, coincide con la conmemoración este jueves con otro aniversario del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, fecha para la que ya hay convocados diversos actos.
Por lo mismo, las versiones sobre los fines del atentado son diversos, dado que los movimientos anarquistas tienen fuerte presencia en las organizaciones estudiantiles que lideraron las masivas protestas estalladas en 2011.
"Se utiliza un hecho lamentable para desprestigiar a un movimiento social", dijo el vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Sebastián Aylwin.
Contrariamente, el senador opositor Víctor Pérez exigió que el futuro plan contra el terrorismo también sea ejecutado en el sur del país contra los movimientos mapuche autonomistas. "Las medidas no se pueden acotar sólo a Santiago", reclamó.
En medio de las polémicas, miles de personas vieron trastocadas sus rutinas luego que se suspendieran operaciones en media docena de estaciones del tren subterráneo, ante denuncias de bolsos sospechosos.
"El daño al país es enorme", concluyó finalmente el ex presidente Ricardo Lagos. (DPA)