Monitoreo y Evaluación de Políticas de Agricultura 2014 de la OCDE observa que los apoyos a los productores en 2013 ascendieron a 18 por ciento de los ingresos agrícolas brutos, cifra ligeramente inferior a la de 2012 y en comparación con alrededor del 30 por ciento de hace dos décadas. Sin embargo, la mitad del total de 258 mil millones de dólares (194 mil millones de euros) en 2013 se destinó a los instrumentos que distorsionan la producción y el comercio.
El informe insta a los gobiernos a hacer más para romper los vínculos entre las ayudas agrícolas y la producción, y garantizar que la atención se centre en la mejora de la productividad y sostenibilidad agrícola.
"Los altos precios y altos ingresos en el sector agrícola han creado las condiciones adecuadas para una reforma profunda de las políticas agrícolas, y aún queda mucho por hacer más allá de pequeños ajustes," dijo el secretario general de la OCDE Ángel Gurría. "Esto significa que la producción y el apoyo que distorsiona el comercio podría retroceder ligeramente en algunos países, si fueran a caer los precios agrícolas."
El informe destaca las grandes diferencias entre los países de la OCDE en el nivel y la composición de los apoyos agrícolas y encuentra desigualdad en los procesos de reforma. A pesar de una tendencia general de menor apoyo y un cambio a la desvinculación de la producción, algunos países siguen dependiendo en gran medida de intervenciones en el mercado que pueden afectar los precios.
Mientras que Australia, Chile y Nueva Zelanda se limitan a medidas de redes de seguridad, de solución de desastres y de I + D, transfiriendo menos de un 3 por ciento el valor de los ingresos agrícolas brutos en apoyo; Islandia, Japón, Corea, Noruega y Suiza tienen apoyos estimados al productor por encima del 40 por ciento de ingresos brutos.
El informe hace las siguientes recomendaciones:
• Deben ser desmantelados más mecanismos de intervención de mercado, en favor de apoyos que estén menos conectados con la producción y más orientados a necesidades específicas, alineados con las prioridades de política dedicadas a aumentar la productividad y la sostenibilidad.
• Los gobiernos deben hacer sus políticas agrícolas más coherentes con políticas macroeconómicas, comerciales, estructurales, sociales y ambientales. Deben, también, reducir los obstáculos a los ajustes estructurales para atraer recursos financieros y humanos al sector.
• Los países deben consolidar las últimas reformas de apoyo a la agricultura y evitar cualquier reorientación de apoyo a la producción, que pueda conducir a mayores costos y distorsión del mercado. Las futuras reformas podrían incluir el relajamiento o finalización de las cuotas de producción.
• Los fondos liberados por las prácticas más eficientes de apoyo agrícola se deben invertir en educación, infraestructura e investigación en el sector. Los gobiernos deben ser más enérgicos sobre dar prioridad al medio ambiente y al uso sostenible de los recursos naturales.
• Los pagos para mitigar los riesgos de ingresos no deben desplazar a las herramientas de gestión de riesgos basados en el mercado y la propia gestión de los agricultores de los riesgos normales del negocio.
