"Es necesario que haya una investigación inmediata para aclarar los hechos de este caso. Los responsables necesitan ser llevados a la Justicia", afirmó la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, en declaraciones al corresponsal del diario brasileño "O Estado de Sao Paulo" en Ginebra, Jamil Chade.
Shamdasani agregó que el organismo está cosechando más informaciones sobre el caso antes de expresar una posición oficial al respecto, lo que podrá ocurrir "aún esta semana".
El caso comentado por la ONU ocurrió el sábado pasado, cuando la policía de Río de Janeiro anunció el hallazgo del cuerpo sin vida de Malhaes, quien semanas antes confesó públicamente haber torturado y matado a presos políticos durante la dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985.
Según las informaciones oficiales de la policía, el coronel retirado de 74 años presentaba señales de asfixia y se supone que ha sido asesinado por tres hombres que invadieron la chacra en la que vivía en la región de Baixada Fluminense, en la región metropolitana de Río de Janeiro.
Los delincuentes se llevaron de la casa teléfonos celulares, joyas, armas y computadoras.
"En principio murió por asfixia. El cuerpo estaba acostado en el piso del cuarto, boca abajo, con el rostro pegado a la almohada. Todo indica que murió por obstrucción de las vías aéreas", dijo el comisario adjunto de la División de Homicidios de Baixada Fluminense, Fabio Salvadoretti.
El policía agregó que no descarta ninguna hipótesis sobre las causas de la muerte: "Puede haber sido un latrocinio (robo seguido de muerte), una venganza o un crimen relacionado con el testimonio que dio a la Comisión Nacional de la Verdad".
Este domingo, la prensa brasileña reveló que el fallo forense sobre la causa de la muerte de Malhaes no permitiría descartar la hipótesis de que hubiera fallecido a raíz de un infarto, pero esta información no ha sido confirmada por la policía, que sigue tratando el caso como crimen y hoy empezó a indagar a testigos.
El pasado 25 de marzo, Malhaes se convirtió en el primer militar brasileño en admitir y dar detalles sobre cómo torturaba, mataba y ocultaba cadáveres de presos políticos el equipo de represores que actuó en los años '70 en la llamada Casa de la Muerte, que funcionó en Petrópolis, en la región serrana de Río de Janeiro.
El detallado testimonio fue dado por el militar ante la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), instaurada por la presidenta Dilma Rousseff para investigar los delitos cometidos durante la dictadura.
Malhaes contó en la ocasión que el Ejército le ordenó desenterrar y hacer desaparecer el cuerpo del diputado Rubens Paiva, quien desapareció en 1971. Según afirmó, el "trabajo" acabó haciéndolo otra persona, por lo que no podía dar detalles sobre su paradero.
El asesinato de Malhaes generó preocupación en el ámbito de la CNV, cuyo coordinador, Pedro Dallari, solicitó al ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, que determine que la Policía Federal acompañe las investigaciones sobre el caso, por sospechar de que existen eventuales nexos entre la muerte y sus revelaciones.
"Por tratarse de una situación que involucra una investigación conducida por la CNV, que es un organismo federal, pedí que la Policía Federal fuese accionada para acompañar las investigaciones conducidas por la Policía Civil de Río", dijo Dallari.
Por su parte, el presidente de la Comisión Regional de la Verdad (CEV, por sus siglas en portugués) de Río de Janeiro, Wadih Damous, manejó la posibilidad de que la muerte del militar haya sido "una quema de archivo".
"Él fue un agente importante de la represión política en la época de la dictadura y era poseedor de muchas informaciones sobre los hechos que ocurrieron en los bastidores en aquella época. Es necesario que se abra con urgencia una investigación en el área federal para investigar los hechos ocurridos en el día de hoy", dijo Damous. (DPA)