A la jueza Alison Nathan, del Distrito Sur de Nueva York, le preocupa que, de ser liberada, Maxwell trate de huir de EE.UU. antes del juicio dada la gravedad de los cargos a los que se enfrenta.
La togada considera que la acusada podría recurrir a la fortuna familiar de la que dispone y a los importantes contactos que tiene por todo el mundo, a lo que se suman sus tres nacionalidades: estadounidense, británica y francesa.
"Ninguna combinación de condiciones podría razonablemente asegurar la presencia de la acusada en la corte", dijo Nathan en la vista, en la que Maxwell, de 58 años, se declaró inocente de los seis cargos a los que se enfrenta, cuatro de ellos por delitos relacionados con su "papel" en la presunta trama de abusos sexuales a menores en torno al magnate, hace unos 25 años, y dos por falso testimonio a la Justicia, más recientes.
La togada tampoco consideró suficientemente importante el riesgo de contraer la COVID-19 en el centro de detención de Brooklyn en el que se encuentra, ya que sus abogados no han expuesto ninguna enfermedad preexistente que pueda poner en peligro la vida de la acusada.
En concreto, Nathan señaló que la "opacidad" de la situación financiera de Maxwell, que según la Fiscalía ha desvelado muy pocos detalles de cuántas cuentas y bienes están bajo su nombre, y que hacen "prácticamente imposible" imponer unas condiciones de libertad bajo fianza adecuadas.
Aunque su situación financiera no fuera la ideal, señaló la jueza, aún se le denegaría la libertad bajo fianza porque Maxwell se ha mostrado "sofisticada" a la hora de esconderse, ya que ha cambiado de residencia "en múltiples ocasiones" tras el arresto de Epstein hace un año.
Y es que Maxwell fue detenida el pasado 2 de julio en New Hampshire (EE.UU.), en una propiedad de 630.000 metros cuadrados que había sido comprada en efectivo el pasado diciembre a través de una empresa anónima, aunque ella arguye que no se estaba escondiendo de las autoridades sino de la prensa y el público después del escándalo que generó el caso Epstein.
"Incluso asumiendo que Maxwell solo quisiera esconderse de la prensa y el público, una suposición que no comparte la corte, la conducta reciente subraya su extraordinaria capacidad de evitar ser detectada, incluso frente a lo que se ha admitido fueron esfuerzos inusuales y extremos para localizarla", subrayó Nathan.
Maxwell compareció en la vista de forma remota a través de una videoconferencia e intervino sólo en un puñado de ocasiones en las que afirmó educadamente entender los procedimientos del día y su derecho a comunicarse con su abogado, mientras que apenas reaccionó a la decisión de la jueza.
HABLAN LAS VÍCTIMAS
Además de los abogados y la jueza, también intervinieron este martes dos de las supuestas víctimas de Epstein y de Maxwell, una de ellas a través de un escrito que leyó la fiscal Alison Moe, y otra de ellas hablando en directo.
"Conocí a Ghislain Maxwell cuando tenía 16 años. Era una depredadora sexual que abusó de mí y de otras niñas y jóvenes en un sinfín de ocasiones y que nunca ha mostrado arrepentimiento por sus terribles crímenes ni por los duraderos y devastadores efectos de sus acciones", dijo en la vista Marie Farmer, conocida por ser una de las primeras personas que acusaron a Epstein, que le denunció en 1996.
Por su parte, Moe leyó la declaración de otra víctima que quiso permanecer en el anonimato, y que describió a Maxwell como "calculadora y una sádica manipuladora", y subrayó la importancia de su papel en la red de abuso de menores liderada por Epstein.
"Sin Ghislaine, Epstein no podría haber hecho lo que hizo", aseveró la víctima.
Con la decisión de este martes, la jueza se puso del lado de la Fiscalía, que en la documentación presentada desde su detención había asegurado que el riesgo de fuga de Maxwell era "extremo", ya que tiene pruebas "sólidas" contra la acusada, y que de ser encontrada culpable se enfrenta a un máximo de 35 años en prisión, lo que crea "un incentivo extraordinario para fugarse".
Además, tiene nacionalidad de EE.UU., Reino Unido y Francia, el último de los cuales no permite la extradición de uno de sus ciudadanos a EE.UU., pese a contar con doble nacionalidad, y también ha acumulado más de 20 millones de dólares en sus cuentas bancarias en los últimos años.