El Departamento de Justicia había solicitado al panel invalidar el fallo del juez Andrew Hanen, de Texas, que impidió iniciar la legalización de más de cuatro millones de inmigrantes indocumentados, la mayoría mexicanos.
“Porque es improbable que el gobierno tenga éxito en los méritos de la apelación (de la decisión del juez Hanen), negamos la moción de que se suspenda el fallo y la petición para limitar su alcance”, dijeron en el dictamen aprobado por dos votos a favor y uno en contra.
El panel determinó en ese sentido como procedente que Texas y los otros 25 estados continúen con su demanda original contra las acciones ejecutivas del presidente, anunciadas el 20 de noviembre pasado.
La versión ampliada del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA), que debía haber entrado en vigor en febrero y beneficiar a unos 300 mil jóvenes indocumentados adicionales, seguirá en suspenso hasta que la Corte de Apelaciones analice los méritos de la apelación.
Igualmente se mantendrá sin entrar en vigor su variante para adultos, DAPA, que buscaba beneficiar a más de cuatro millones de padres indocumentados con hijos ciudadanos o residentes permanentes.
La orden del tribunal de apelaciones fue vista como un revés legal para la administración Obama, que había pedido a los magistrados de apelaciones el levantamiento de la suspensión en tanto la Corte examinaba la sustancia de la apelación.
El Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios (SEIU) lamentó el fallo de la Corte de Apelaciones, pero expresó su confianza de que las acciones ejecutivas del presidente serán validadas en las próximas etapas del proceso judicial.
“Siempre supimos que la lucha por la reforma migratoria no iba a ser fácil y que habría topes en el camino… No tenemos duda que las iniciativas de acción diferida saldrán victoriosas”, señaló su vicepresidenta ejecutiva, Rocío Sáenz.
Si el panel de la Corte de Apelaciones falla contra la administración Obama en el mérito de la apelación, el Departamento de Justicia puede recurrir al pleno del tribunal con sede en Nueva Orleans.
Expertos coinciden que la legalidad de las acciones ejecutivas migratorias de Obama será eventualmente dirimida en la Suprema Corte de Justicia.
