Macron reunió de urgencia a su Consejo de Defensa antes de tomar esta decisión destinada a devolver la calma a un territorio sumido en el caos por la adopción de una reforma constitucional destinada a reformar su censo electoral, algo que no aceptan los independentistas de la isla.
"Toda violencia es intolerable y será objeto de una respuesta implacable para garantizar el retorno al orden", indicó Macron en un comunicado difundido por el Elíseo.
El presidente se coloca así al frente de una crisis que estalló hace dos días, cuando en la Asamblea Nacional de París comenzó el debate sobre la apertura de un censo congelado desde 1998, lo que impedía el voto a personas instaladas en la isla desde entonces.
Macron hizo un llamamiento a la calma y exigió "la necesidad de que se retome el diálogo político", para lo que pidió a su primer ministro, Gabriel Attal, que reúna en París a las diferentes fuerzas políticas del archipiélago.
El estado de emergencia permite a las fuerzas del orden una mayor capacidad de intervención, la prohibición de reuniones y manifestaciones o la declaración del toques de queda, así como la imposición de penas preventivas como arrestos domiciliarios.
En este sentido, Attal indicó ante la Asamblea Nacional que la prioridad del Gobierno es "restablecer el orden", anunció el envío de refuerzos policiales y consideró "intolerable" todo acto de violencia.
El jefe del Ejecutivo recordó que la reforma constitucional adoptada este martes "es el fruto de un diálogo" pero recogió el guante lanzado por Macron y aseguró que proseguirá la negociación con las fuerzas de Nueva Caledonia.
Para ello, dijo, el presidente ha decidido retrasar la promulgación de la reforma constitucional con el fin de dar tiempo a ese nuevo diálogo, para favorecer que descienda la tensión en el archipiélago.
La oposición de izquierdas rechaza la respuesta de mano dura anunciada por el primer ministro y demanda que se retire la reforma constitucional.
Nueva Caledonia, territorio autónomo situado a 17,000 kilómetros de la metrópoli, ha celebrado tres referéndum de autodeterminación, todos ellos con derrota de los independentistas que, sin embargo, boicotearon el último de ellos en diciembre de 2021.
La reforma del censo electoral, que diluirá el peso de la población autóctona, ha provocado un amplio rechazo de las fuerzas locales y causó el estallido de una ola de violencia en un lugar donde el porcentaje de armas de caza por habitante es muy elevado.
El alto comisionado en el territorio, Louis Le Franc, consideró "insurreccional" la situación y aseguró que se han llevado a cabo 140 arrestos en el archipiélago, donde el tráfico aéreo está suspendido.
El toque de queda decretado no ha calmado la situación y las autoridades y medios de comunicación señalan que siguen los disturbios durante la noche de Nueva Caledonia.