Las víctimas más recientes fueron los maestros que intentaron colocar una carpa frente al Congreso el domingo por la noche, en la continuación de la larga pelea que mantienen en reclamo de mejoras salariales.
Los docentes fueron desalojados por las fuerzas de Seguridad en medio de golpes y el lanzamiento de gases lacrimógenos, además de que cuatro maestros fueron detenidos con el cargo de “resistencia a la autoridad”.
La represión fue condenada por un sector de la sociedad pero avalada por otro influyente grupo de periodistas, políticos y ciudadanos en general que exigen políticas de “mano dura”.
Muchos de ellos marcharon a favor del gobierno el pasado 1 de abril con una masividad que sorprendió al propio Macri, quien en un principio intentó desligarse de la convocatoria pero después la aprovechó porque le sirvió para recuperarse después de enfrentar marchas en contra.
Sin tomar en cuenta las protestas opositoras, que fueron multitudinarias, el presidente interpretó que en la manifestación a su favor “la mayoría” de los argentinos lo respaldó y le pidió, entre otras cosas, que reprima para impedir más bloqueos y protestas públicas.
Desde que Macri comenzó a gobernar se produjeron episodios de violencia institucional en los que las autoridades defendieron a los policías y nunca reconocieron a las víctimas.
Así ocurrió a principios del año pasado, cuando se realizó un operativo en una villa de emergencia de Buenos Aires pese a que estaba ensayando una murga (bandas musicales barriales) en la que participaban niños, algunos de los cuales fueron heridos con balas de goma.
En las calles, además, se ha convertido en algo usual que policías con uniforme o vestidos de civil les exijan sin motivo alguno los documentos de identidad a jóvenes a partir del estereotipo de que “parecen” delincuentes.
Videos que suelen ser posteados en las redes demuestran cómo muchas veces los ciudadanos terminan defendiendo a estos jóvenes del acoso policial, en casos similares a los que enfrentan vendedores ambulantes o inmigrantes.
El mes pasado, la Policía realizó un violento operativo con balas de goma y gas pimienta en un comedor comunitario de la provincia de Buenos Aires poblado de niños.
Como resultado de los golpes que recibió de los efectivos, la cocinera Laura Zaracho perdió su embarazo, pero aun así el gobierno provincial defendió el ataque.
Otro caso fue la cacería de mujeres que policías uniformados y otros vestidos de civil realizaron el 8 de marzo después del Paro Internacional de Mujeres que incluyó una marcha que culminó en la Plaza de Mayo.
Varias mujeres fueron detenidas de manera ilegal, vejadas y acusadas, sin pruebas, de haber provocado disturbios, lo que ya había ocurrido en octubre del año pasado en Rosario durante el Encuentro Nacional de Mujeres, en donde fueron reprimidas con camiones hidrantes y gas pimienta.
