En un comunicado conjunto publicado este martes, las ocho centrales sindicales y cinco organizaciones estudiantiles quieren demostrar que van a seguir unidas en su rechazo a la reforma ya promulgada.
Y eso sólo un día después de la jornada del 1 de mayo, que fue la décimo tercera contra la ley que va a retrasar la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, y en la que hubo una participación multitudinaria.
Los sindicatos afirman haber sacado a 2.3 millones de personas a la calle en las 300 manifestaciones convocadas el lunes por todo el país (el Gobierno estimó que fueron 782,000) e insisten en que, desde que comenzaron las protestas el 19 de enero, "se han batido récords tanto en el número de manifestantes como en el número de huelguistas".
La fecha del 6 de junio se ha fijado porque solo dos días después se debatirá en la Asamblea Nacional una proposición de ley de la oposición para anular el retraso de la jubilación a los 64 años, una iniciativa que en principio tiene pocos visos de prosperar.
Antes de eso, el Consejo Constitucional va a pronunciarse mañana sobre otra demanda de la oposición para poder organizar un referéndum sobre las pensiones, con la intención de anular la reforma.
ACALLAR LOS RUMORES DE RUPTURA
Los sindicatos se esfuerzan en acallar los rumores de ruptura de la unidad de acción por las diferentes estrategias de las centrales de cara a la cita que les va a lanzar en los próximos días la primera ministra, Élisabeth Borne, para discutir diferentes aspectos laborales, pero no el retraso de la edad de jubilación a 64 años.
En su comunicado, se quejan de que el Gobierno no haya fijado ni el marco ni el objetivo del ciclo de concertaciones que dice querer abrir, y avisan que tienen intención de recordar "su rechazo de la reforma de las pensiones", que quedó aprobada por el Parlamento y promulgada el 15 de abril.
Sobre todo, anuncian que van a hacer propuestas comunes, en dirección también de las empresas, "para que se tengan finalmente en cuenta las preocupaciones de los asalariados en particular en materia de salarios, de condiciones de trabajo, de salud en el trabajo, de democracia social, de igualdad entre hombres y mujeres y de medio ambiente".
Advierten de que "la desconfianza es profunda y el diálogo no se podrá restablecer más que si el Gobierno prueba su voluntad de tener en cuenta las propuestas de las organizaciones sindicales".
Esa fórmula les permite presentar una unidad de principio después de que en los últimos días varios sindicatos, y en primer lugar el mayor de todos, la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), hayan dicho que no es realista esperar que el Ejecutivo retire su reforma con más movilizaciones y que hay que trabajar en otras reivindicaciones, en particular las salariales.
Una posición que difería de la de la Confederación General del Trabajo (CGT, la segunda central del país), que ha sido más dura en las protestas contra la ley de las pensiones y que ha prevenido que no aceptaría alinearse con la agenda social del Ejecutivo.
CRÍTICAS A MACRON
La línea de consenso que ha salido del encuentro por vídeoconferencia que han mantenido hoy los líderes sindicales incluye una crítica directa al presidente Emmanuel Macron por "mantener su reforma pese a la oposición casi unánime de la población" y el aviso de que eso "crea una desconfianza profunda".
A ese respecto denuncian que "esas decisiones autoritarias añaden a la crisis social una crisis democrática" y afirman que siempre se han negado a "ceder a esas provocaciones".
En cuanto a los disturbios que estallaron durante algunos de sus desfiles del 1 de mayo, en los que resultaron heridos 406 policías y 61 manifestantes, y que condujeron a la detención de 540 personas, los sindicatos se desmarcan.
Aseguran que siempre han defendido "una movilización pacífica, festiva y popular, pese a incidentes en algunos casos graves que lamentamos".
De las 305 personas arrestadas ayer, 258 quedaron formalmente detenidas hoy.
