El “Acto Legislativo para la Paz”, que aprobó esta semana el Congreso de Colombia, está en concordancia con los acuerdos que se están logrando en la mesa de negociación en La Habana, para poner fin a 52 años de guerra interna que ha dejado unos 300 mil muertos y más de 7.5 millones de víctimas.
El congreso colombiano determinó que la Constitución Política de 1991 tendrá un nuevo artículo transitorio que blindará hacia el futuro el Acuerdo Final del conflicto armado, que firmen en La Habana el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Este artículo transitorio garantiza el “procedimiento legislativo especial para la paz. Con el propósito de agilizar y garantizar la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final)”, señaló el texto aprobado en el Congreso.
Pero además entrega “garantías de cumplimiento y fin del conflicto, de manera excepcional y transitoria se pondrá en marcha el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, por un período de seis meses, contados a partir de la entrada en vigencia del presente acto legislativo”.
“Este procedimiento podrá ser prorrogado por un período adicional de hasta seis meses mediante comunicación formal del Gobierno nacional ante el Congreso de la República”, estipuló el artículo primero del acto legislativo.
Los futuros proyectos de ley y de acto legislativo tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz serán “de iniciativa exclusiva del Gobierno nacional”.
El contenido de estos proyectos tendrán “por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y duradera”.
“El presente acto legislativo rige a partir de la refrendación popular del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, señaló uno de los artículos que aprobó el Congreso.
El gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC negocian desde noviembre del 2012 un acuerdo de paz para poner fin a un conflicto armado que ha dejado unos 300 mil muertos y más de 7.5 millones de víctimas.
En términos políticos, la aprobación de este acto legislativo, es un mensaje claro y contundente a la mesa de negociación, y en particular para la insurgencia, en el sentido de garantizar un blindaje constitucional de lo pactado hacia el futuro.
Este acto legislativo que elevará a la categoría especial, en el ordenamiento constitucional de Colombia, evitará que los próximos gobiernos de derecha o izquierda lo desconozcan y generen una inestabilidad institucional.
Con la Ley para la Paz, el Acuerdo Final entre el gobierno y las FARC, se enmarcan igualmente en los convenios de Ginebra, y solo entrará en vigor, cuando los colombianos lo refrenden en una consulta popular.
Las voces que están en contra de este acto legislativo son las de la extrema derecha lideradas por el expresidente Alvaro Uribe Vélez y el Procurador General, Alejando Ordoñez, quienes consideran que Colombia está a las puertas de un “Golpe de Estado”.
Las firmas para expresar el desacuerdo con el atropello a la institucionalidad en los acuerdos de La Habana, serán incorporadas en denuncias ante organismos internacionales y en una demanda de inconstitucionalidad del Acto Legislativo para la paz.
El derechista movimiento Centro Democrático, que lidera el expresidente Uribe Vélez, inició este fin de semana una campaña nacional para la recolección de firmas contra la Ley que aprobó el Congreso y los acuerdos de La Habana.
Para estos sectores de la derecha colombiana, el presidente Santos y las FARC están dando un “Golpe de Estado a la institucionalidad democrática” en Colombia.
La Corte Constitucional de Colombia es el órgano supremo que deberá dirimir en las próximas semanas la legalidad o inconstitucionalidad del acto legislativo y del propio Acuerdo Final que se firma en La Habana.
En este escenario de polarización política, Colombia sigue en el vaivén de salir de una guerra de más de medio siglo o seguir en la lucha interna fratricida impulsada por los sectores de la extrema derecha que se resisten a dar el paso del perdón y la reconciliación.