La resolución muestra su "profunda preocupación" por la participación de las tropas eritreas -que apoyan al aliado Gobierno de Etiopía- en el conflicto y su posible implicación en graves abusos de la ley internacional, también en materia de trato a los refugiados.
El documento fue aprobado con 20 votos a favor, 13 abstenciones y 14 votos en contra, entre ellos los de la propia Eritrea, así como China, Rusia, Venezuela, Cuba y Bolivia, todos ellos actualmente miembros del Consejo.
La resolución pide el fin de las hostilidades y de todas las violaciones de derechos humanos denunciadas desde noviembre, cometidas por "todas las partes del conflicto", y subraya la necesidad de investigar y definir las responsabilidades de estos abusos.
En ese sentido, el documento pide al Gobierno de Etiopía que promueva investigaciones independientes que lleven a los perpetradores de los crímenes ante la justicia.
También manifiesta preocupación por el deterioro de la situación humanitaria en Tigray, donde muchas zonas sufren hambruna y el conflicto impide el acceso de agencias de ayuda a los desplazados y refugiados.
En este sentido también condena los asesinatos de trabajadores médicos y humanitarios, así como los ataques contra infraestructuras tales como hospitales y centros médicos.
El conflicto se inició cuando el Gobierno etíope acusó al Frente Popular de Liberación de Tigray (FPLT), que entonces gobernaba esa región, de un ataque tigriña a una base militar en ese territorio, a la que respondió con una ofensiva del ejército nacional.
El conflicto ha causado miles de muertos y millones de personas desplazadas, mientras organizaciones de derechos humanos han denunciado los saqueos y violaciones contra la población y los bienes locales cometidos por todos los bandos, aunque se señala especialmente a las fuerzas eritreas desplazadas en la región.