Moro, quien ordenó la semana pasada el ingreso a prisión de Lula da Silva, dijo que no concederá ningún derecho extraordinario al exmandatario de 72 años, condenado a 12 años y un mes de cárcel.
“Fue autorizado un aparato de televisión”, además se habilitó una sala especial en la sede de la policía para el expresidente, refirió.
Así, un grupo de 11 gobernadores de Brasil –la mayoría de estados del noreste, feudo electoral de la izquierda- no podrá visitar este día a Lula da Silva en la ciudad de Curitiba, en el sur del país, donde se encuentra recluido desde el sábado para purgar la pena por corrupción y lavado de dinero.
El Partido de los Trabajadores (PT), formación fundada por Lula da Silva, dijo que el expresidente sigue siendo su candidato a los comicios presidenciales de octubre y transfirió su ejecutiva a Curitiba en un intento por usar su encarcelamiento como caballo de batalla electoral.
Pocas informaciones han trascendido desde que Lula se entregó a la policía el sábado, en una jornada dramática para el expresidente: recibe visitas solo de sus abogados, se alimenta con normalidad con la comida de la cárcel y se dedica a la lectura.
El Supremo Tribunal Federal (STF) podría analizar en los próximos días un recurso para evaluar la constitucionalidad de los ingresos en prisión de condenados apenas en segunda instancia (como Lula da Silva), lo que podría beneficiar al exmandatario.
Las encuestas muestran un Brasil dividido acerca de la prisión del exmandatario; por una parte se le considera culpable de actos de corrupción, pero por otra lidera con un tercio del total la intención de voto para los comicios de octubre.
