Johnson, considerado el arquitecto de estas medidas, compareció hoy ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes para defender a Obama de los ataques de los republicanos, que consideran que el presidente se ha extralimitado en sus poderes a la hora de anunciar la acción ejecutiva en materia migratoria.
"Lo que hemos hecho está dentro de nuestra autoridad legal", dijo Johnson al defender las medidas anunciadas por Obama el pasado 20 de noviembre.
Durante la audiencia, los republicanos criticaron que Obama haya actuado solo en materia migratoria sin contar con el Congreso. El presidente decidió actuar solo después de que los republicanos se negaran este verano (boreal) a someter a voto en la Cámara de Representantes la reforma migratoria, que ya había sido aprobada con votos bipartidistas en el Senado en junio de 2013.
El congresista republicano por Texas, Michael McCaul, advirtió sobre "las graves consecuencias de las recientes acciones de la administración para saltarse el Congreso", lo que, según él, "socava la Constitución y amenaza nuestra democracia".
McCaul acusó al presidente Obama de "haber tomado el camino equivocado" y de "envenenar el ambiente en Washington" al no permitir al nuevo Congreso, que se constituye en enero, legislar al respecto.
El congresista republicano por Texas advirtió que las medidas anunciadas por Obama van provocar "una nueva ola de inmigración ilegal". "Básicamente, lo que le decimos a los ciudadanos de todo el mundo es: Vengan, pueden quedarse. No se preocupen. No los vamos a deportar", dijo McCaul.
Johnson, por su parte, recordó que las medidas anunciadas por Obama son "un primer paso hacia la reforma del sistema" y aseguró que la Casa Blanca espera que el Congreso apruebe una reforma migratoria integral, que permita dar una solución definitiva a los 11,4 millones de indocumentados que viven actualmente en Estados Unidos.
Obama anunció el 20 de noviembre un decreto migratorio, del que podrán beneficiarse principalmente aquellos inmigrantes indocumentados que han vivido en Estados Unidos por más de cinco años y son padres de ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes. A diferencia de otros países, Estados Unidos concede la nacionalidad estadounidense a todos los niños nacidos en Estados Unidos, independientemente de la nacionalidad o el estatus migratorio de sus padres.
Las medidas anunciadas por el presidente servirán para frenar durante tres años las deportaciones de cinco millones de indocumentados, a la espera de que el nuevo Congreso apruebe una reforma migratoria integral, que legalice definitivamente la situación de millones de ellos.
El nuevo Congreso se constituye en enero y los republicanos tendrán mayoría en ambas cámaras, como resultado de las elecciones del pasado 4 de noviembre.
Los republicanos buscan ahora la fórmula para frenar las medidas anunciadas por el presidente, que han calificado de "amnistía ejecutiva del emperador Obama". (DPA)