"Tres décadas después de que la Comisión Real sobre las Muertes de los Aborígenes en Custodia (emitiera su informe final), los pueblos de las Primeras Naciones siguen siendo encarceladas y muriendo en prisión de forma inaceptable", dijo la directora de Human Rights Watch Australia, Elaine Pearson, en un comunicado en el que remarcó que el país afronta "una crisis nacional".
La Comisión Real que investigó las muertes de los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres emitió el 15 de abril de 1991 un total de 339 recomendaciones que incluyen medidas para prevenir los crímenes, mejoras el trato por parte de las autoridades a esta población marginada y estigmatizada, así como reformas en el sistema penitenciario y judicial.
Pero, desde entonces han muerto alrededor de 470 indígenas, de los cuales cinco de los decesos ocurrieron en los últimos 30 días, ya sea en persecuciones, uso excesivo de la violencia, suicidio, por falta de apoyo penitenciario o sanitario, entre otros incidentes.
HRW instó al gobierno a implementar todas las recomendaciones, usar el encarcelamiento como último recurso, evitar el confinamiento de los indígenas con problemas mentales en celdas de aislamiento y elevar la responsabilidad criminal de 10 a al menos 14 años, en línea con muchos países occidentales.
ALTA PROPORCIÓN DE ABORÍGENES ENCARCELADOS
Actualmente los indígenas australianos, que representan poco más del 3 por ciento de los 25 millones de habitantes, comprenden el 29 por ciento de la población penitenciaria adulta, lo que supone más doble de la proporción de 1991, cuando la tasa era del 14 por ciento, recordó la oenegé.
En 1991, la Comisión Real ya había apuntado que los indígenas australianos son más propensos a morir bajo la tutela de las autoridades debido a la desproporcionada tasa de encarcelamiento, y alertó de los problemas de ansiedad extrema causada por la reclusión en celdas de aislamiento.
Asimismo, HRW señaló en un informe de 2020 que los indígenas que están en la cárcel corren un riesgo serio de autolesionarse o morir debido a problemas de salud mental.
Uno de los casos que recoge la oenegé en ese informe fue el de Stanley, un joven aborigen de 19 años con problemas mentales que fue sentenciado a dos años de prisión por robo y quien se quitó la vida el 11 de julio de 2020 en una cárcel de la localidad de Wooroloo, en el suroeste de Australia.
Las muertes bajo vigilancia de las autoridades en Australia han motivado varias protestas multitudinarias que llegaron a convocar a hasta 30,000 personas en varias partes del país.
Australia se encuentra en un proceso de reconciliación por el perjuicio realizado contra los indígenas, quienes llegaron al territorio hace más de 60,000 años y han sufrido desde la colonización británica en el siglo XVIII constantes maltratos, una discriminación sistemática y la apropiación de sus tierras ancestrales.
Entre los años 1910 y 1970 se impuso la política de la Australia Blanca que resultó en el arrebato de unos 100,000 menores indígenas de sus padres para ser cuidados por familias o instituciones de blancos, en lo que se denominó "la generación robada", cuyos supervivientes y descendientes aún sufren un profundo trauma.