"Es un despropósito sin sentido, un manotazo de ahogado que sabe Dios qué obligaciones tiene que cumplir (el fiscal) con determinadas estructuras como la Secretaría de Inteligencia", dijo el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, a radio Continental.
El fiscal Alberto Nisman denunció el miércoles a Fernández de Kirchner por "encubrimiento" y pidió su declaración indagatoria por "negociar un plan de impunidad y encubrir a los prófugos iraníes acusados de la voladura a la mutual judía".
La Justicia argentina acusa a siete ex altos funcionarios iraníes, entre ellos al ex presidente Alí Rafsanyani, y a un libanés sospechoso de pertenecer a Hizbolá de ser los ideólogos del atentado a la AMIA y pidió a Interpol su captura internacional, aunque hasta ahora sin éxito.
La acusación de Nisman, que incluye a otros políticos, es a raíz de un tratado que firmó dos años atrás la Argentina con Irán para avanzar en el esclarecimiento de la causa AMIA. El mismo fue aprobado por el Parlamento en Buenos Aires.
El fiscal sostuvo en su denuncia que en realidad la finalidad del acuerdo era desvincular a Irán de la responsabilidad por el atentado para acercase geopolíticamente al gobierno de Teherán, obtener contraprestación energética, intercambiar petróleo por granos y hasta venderle armas.
"Sigo creyendo que Nisman respondía a otras estructuras y que, en este marco, algo tiene que ver con esa situación", dijo el secretario general de la Presidencia.
El funcionario sostuvo que el reciente desplazamiento de Jaime Stiusso de la Secretaría de Inteligencia (SI) "algo tiene que ver" con la decisión de Nisman de imputar a la presidenta, que hasta el momento no hizo comentarios sobre el tema.
Fernández contó que en una ocasión tenía que reunirse con Nisman por un tema relacionado con la causa AMIA y el fiscal "apareció con Stiusso, un responsable (por entonces) de la Secretaría de Inteligencia. ¿Qué tenía que ver Stiusso en esa discusión?".
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, calificó de "canallada" y "resulta disparatada" la imputación hacia la presidenta y aseguró que "es una decepción cómo funciona la Justicia en la Argentina". Además, cuestionó las críticas de la oposición: "No importa cuál sea la causa, intentan hacer daño al gobierno permanentemente".
En tanto, el juez Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la causa de la AMIA puso en duda la "fehaciencia" de la denuncia del fiscal Nisman y también la relacionó con la SI, en declaraciones a radio Nacional.
El magistrado dijo que el fiscal, quien remitió el caso al juzgado de Ariel Lijo, incurrió en "irregularidades" como no haberlo "mandado a sorteo o haberme consultado a mí, que soy el juez de la causa".
"Ninguna de estas cosas sucedió; lo que me hace dudar de la fehaciencia de esta investigación o de esta denuncia", dijo.
Además, dijo no saber si las escuchas telefónicas utilizadas en la denuncia por Nisman "son de las que han sido ordenadas judicialmente o no".
A su vez, en diálogo con radio La Once Diez, Canicoba Corral añadió: "No autoricé la escucha a ningún funcionario público".
"La dirección de la investigación la tenía el fiscal; coadyuvaba en la investigación, entre otros, la Secretaría de Inteligencia. Acá, por lo que yo he visto, hay como una desviación", dijo el juez, que se quejó de haberse enterado de la denuncia por la prensa.
Por su parte, Laura Ginsberg, integrante de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia), dijo que la denuncia sobre la presidenta "es muy grave" y advirtió que "se trata de un nuevo encubrimiento" que "en el pasado fue al atentado mismo y ahora es a la conexión internacional".
Para el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, es "disparatada y absurda" la acusación a la jefa de Estado.
El funcionario dijo que hay "una alianza entre grupos mediáticos concentrados, grupos corporativos económicos y algunos miembros del Poder Judicial" que pretende "la desestabilización" del gobierno, en un año que tendrá elecciones presidenciales en las que no se podrá reelegir a Fernández de Kirchner.
El ataque a la AMIA fue el segundo atentado contra un objetivo judío en la Argentina tras el ataque explosivo a la embajada de Israel en Buenos Aires perpetrado el 17 de marzo de 1992, que dejó 29 muertos.
El fiscal pidió además un embargo preventivo de bienes de 200 millones de pesos (unos 23.2 millones de dólares) de la jefa de Estado, de su canciller, del diputado Andrés Larroque, de personal de la SI, y de los dirigentes Luis D'Elía y Fernando Esteche, entre otros. (DPA)