El objetivo es procesar esos casos "de forma rápida y justa", de modo que aquellos inmigrantes indocumentados que se considere que no cumplen los requisitos para quedarse en el país puedan ser deportados "pronto", "a la vez que se garantiza la protección de los demandantes de asilo", precisó el fiscal general adjunto James Cole a través de un comunicado.
Este nuevo enfoque permitirá a la oficina de revisión de casos de inmigración (EOIR, en sus siglas en inglés) dar prioridad a los casos de los 52,000 menores indocumentados no acompañados, la mayoría de ellos procedentes de Centroamérica, que han llegado a Estados Unidos en los últimos ocho meses.
Para poder agilizar estos casos, el Departamento de Justicia anunció que contratará a más jueces de inmigración, reasignará a otros magistrados a los tribunales de inmigración y aumentará los recursos para ofrecer asistencia legal a los inmigrantes indocumentados en sus procesos de deportación.
Michelle Brané, directora del Programa de Derechos de Inmigrantes y Justicia de la Comisión de Refugiadas, criticó la decisión del Departamento de Justicia de dar prioridad en los procesos de deportación a los casos recientes de niños no acompañados y de redistribuir los recursos judicales porque "eso sólo hará trasladar el problema a otro lado".
"Se acelerarán los casos de los niños, pero se retrasarán el resto de los casos", añadió Brané, que consideró que es necesario encontrar una solución a largo plazo a este problema.
El Departamento de Justicia también anunció que, en colaboración con las autoridades mexicanas, redoblará sus esfuerzos para "identificar y detener a los traficantes de personas que están ayudando a los niños no acompañados a cruzar la frontera".
"Los individuos que se embarcan en este peligroso viaje desde Centroamérica a Estados Unidos son sujetos de crímenes violentos, abusos y extorsión cuando confían en peligrosas redes criminales de tráfico de personas apra trasportarles a través de Centroamérica y México", señaló Cole.
"Tenemos la obligación de ofrecer ayuda humanitaria a estos niños y adultos con niños que detenemos en la frontera, pero debemos hacer todo lo que podamos para contener esta oleada de este peligroso patrón de inmigración", añadió el fiscal general adjunto.
El anuncio del cambio de prioridades en los casos de deportación se produce el mismo día en que un grupo de organizaciones pro inmigrantes y pro libertades civiles presentaron una demanda contra el gobierno federal de Estados Unidos por no garantizar la asistencia legal gratuita a los niños que se encuentran en procesos de deportación.
A diferencia de lo que ocurre en un proceso criminal, en el que si el acusado no tiene dinero para pagar un abogado se le garantiza un abogado de oficio para que le defienda, en los procesos de inmigración en Estados Unidos no está garantizado la asistencia legal de un abogado. Esto prejudica a los niños, muchos de los cuales no hablan inglés y desconocen el sistema legal estadounidense, a la hora de defender su caso ante el juez de inmigración.
El presidente de Estados Unidos Barack Obama pidió ayer al Congreso fondos adicionales por valor de 3,700 millones de dólares para hacer frente a la crisis humanitaria en la frontera ante la llegada en los últimos meses de 52,000 niños indocumentados no acompañados, procedentes la mayoría de Centroamérica.
De esos 3,700 millones de dólares, 64 millones de dólares estarían destinados al Departamento de Justicia para mejorar el sistema de deportaciones y ofrecer asistencia legal a algunos de estos niños detenidos. (DPA)