La semana pasada, los republicanos de la Cámara baja presentaron un proyecto de ley que se espera que se vote a lo largo de esta semana y que vincula los recortes de impuestos a la nómina y la extensión de subsidios de desempleo -una prioridad de la Casa Blanca- a la construcción del controvertido oleoducto desde Canadá hasta las costas tejanas del Golfo de México.
La medida impone un plazo de 60 días, una vez aprobada por el Congreso, para que se emita el permiso para el oleoducto de 7,000 millones de dólares, un proyecto de la empresa canadiense TransCanada.
El Departamento de Estado dijo hoy que, por tratarse de un proyecto trasnacional con Canadá, el Ejecutivo tiene la prerrogativa de supervisar el proceso de emitir permisos para el oleoducto.
Ese proceso de revisión, que recae sobre el Departamento de Estado, ha estado vigente durante más de 40 años, agregó.
"Si el Congreso impone un plazo arbitrario para la decisión sobre el permiso, sus acciones no sólo comprometerían el proceso sino que impedirían que el Departamento de Estado cumpla con los requisitos de la Ley de Política Ambiental Nacional al no darle suficiente tiempo" para evaluar debidamente la información del proyecto, enfatizó.
Explicó que el proceso de evaluación toma en cuenta una plétora de factores, incluyendo asuntos relacionados con el medio ambiente y seguridad, el impacto económico, la seguridad energética y la política exterior.
En la actualidad, el Departamento de Estado está en consultas con al menos ocho agencias federales y con líderes del Congreso, como parte del proceso para evaluar una ruta alternativa del oleoducto en Nebraska.
La construcción del oleoducto de 2,735 kilómetros, desde Alberta (Canadá), pasando por la zona central de Estados Unidos hasta las refinerías de Texas, en el Golfo de México, enfrenta a grupos empresariales y sindicalistas, que aseguran que éste ayudará a crear empleos, con grupos ecologistas que advierten de los daños que ocasionaría al medio ambiente.
El Departamento de Estado considera que el proceso podría quedar completado a tiempo de emitir una decisión final sobre el oleoducto durante el primer trimestre de 2013, al margen de las elecciones presidenciales de noviembre de 2012.
Pero eso precisamente le ha valido críticas de los republicanos en el Congreso y grupos conservadores afines, que aseguran que la Administración del presidente Barack Obama ha demorado la decisión sobre el polémico proyecto por motivaciones políticas.
