Cuando la marca del paramilitarismo, el narcotráfico y la corrupción son inseparables de la clase gobernante, nos preocupa la falta de garantías para la marcha exitosa de ambos procesos, manifestó el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en un comunicado.
El pasado 24 de noviembre el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), Timoleón Jiménez, firmaron el pacto definitivo con el que se comprometieron a terminar los enfrentamientos y hostilidades.
Dos meses después empezaron en Quito, Ecuador, las conversaciones oficiales entre representantes del Gobierno y del ELN en busca de un consenso similar.
Cuando el país vive una compleja realidad para implementar lo concertado con las FARC-EP y recién comienza la etapa pública de pláticas con el ELN, una nueva tormenta sacude a la clase política colombiana debido a los altísimos niveles de corrupción y descomposición de sus instituciones, comentó esa segunda organización.
Según el Ejército de Liberación Nacional, tal situación queda evidenciada con la existencia de un gigantesco carrusel de sobornos en la contratación de obras públicas y con lo que llamó una amañada contienda electoral.
Gran parte de la financiación de las campañas para la presidencia del uribismo -partido de derecha Centro Democrático (CD) liderado por el exgobernante Álvaro Uribe-, como la del actual presidente Santos se hicieron con dineros ilegales entregados por la empresa brasileña Odebrecht, añadió el grupo rebelde.
La fiscalía colombiana investiga un posible financiamiento de las dos principales campañas presidenciales de 2014 (la del actual mandatario por su reelección y la de su mayor rival entonces Ã'scar Iván Zuluaga del CD), a cargo de la firma constructora Odebrecht.
Según el fiscal general Néstor Humberto Martínez, el ente acusador recopiló nuevas evidencias en torno a ese caso por lo que ahonda las pesquisas al respecto.
Unos siete mil hombres y mujeres de las FARC-EP están concentrados en 26 sitios del país para abandonar el armamento en su poder y reintegrarse luego a la vida civil.
Sin embargo, los guerrilleros de esa agrupación denunciaron atrasos en la habilitación de sus campamentos temporales dentro de dichos lugares, así como demoras en la aplicación de la ya sancionada ley de amnistía y en la tramitación en el Congreso de otras normas indispensables para la actual etapa de postconflicto o posacuerdo.