La Fiscalía acusa a Saca del delito de cohecho activo, cometido al supuestamente ofrecer 10,000 dólares a una empleada de un tribunal civil en el que enfrenta un proceso por enriquecimiento ilícito por casi 4 millones de dólares.
La fuente indicó que los abogados de Saca explicaron a la jueza titular del Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador al comienzo de la audiencia preliminar que existe un "preacuerdo" con el Ministerio Público para que el exmandatario se declare culpable en un "juicio abreviado".
La legislación salvadoreña establece que la Fiscalía puede pactar con los procesados una pena mínima, que no podrá ser apelada en ninguna instancia, a cambio de su confesión y que los jueces deberán respetar el trato.
El órgano Judicial detalló que dicho trato "fue firmado y autorizado por el ex fiscal general Douglas Meléndez en julio de 2018", sin detallar si este debe ser ratificado por el actual jefe del Ministerio Público, Raúl Melara.
Apuntó que el "preacuerdo" establece los requisitos para que Saca se someta al proceso "abreviado" y la pena que recibiría, de la que no se dio detalle.
Saca es procesado en el referido tribunal junto a otras 15 personas, señaladas de integrar una red de sobornos en diferentes tribunales.
Los abogados del exmandatario pidieron a la jueza que procese a Saca de manera independiente por la existencia del citado "preacuerdo" con la Fiscalía.
El órgano Judicial apuntó que la jueza "otorgó 48 horas a la representación fiscal para que conteste el escrito de la defensa", sin explicar si se trata de la solicitud del acuerdo o de separar los procesos.
Tras la intervención de la defensa de Saca, la jueza de instrucción suspendió la audiencia por la presentación de una recusación por parte del abogado de otro de los procesados, recurso que deberá resolver la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro.
Dos mujeres involucradas en este caso fueron juzgadas y condenadas en diciembre de 2018 en un "juicio abreviado", en el que confesaron sus delitos a cambio de penas excarcelables.
El expresidente, que gobernó por la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), fue condenado en septiembre de 2018 a 10 años de prisión por malversar más de 300 millones de dólares del presupuesto público.
En un movimiento legal inesperado, Saca aceptó confesar la forma en la que extrajo y lavó los fondos públicos para evitar una pena de hasta 30 años de prisión.
Saca también es procesado por supuestamente participar en el lavado de 10 millones de dólares donados por Taiwán al Gobierno de su antecesor, Francisco Flores (1999-2004).