"Las acciones del presidente (Joe) Biden están funcionando porque son una respuesta fuerte contra los cruces irregulares", señaló el funcionario en una rueda de prensa en Tucson (Arizona).
En la última semana, las autoridades han registrado un promedio de 2,400 arrestos diarios, una cifra que no se veía desde 2021, según datos entregado por DHS la mañana de este miércoles.
Esto representa una reducción del 40 % en comparación con el promedio diario registrado en los sietes días previos al 5 de junio, cuando entraron en vigor las restricciones.
El Gobierno de Joe Biden impuso una serie de cambios para impedir que -salvo unas pocas excepciones- la mayoría de personas que crucen hacia el país sin autorización pueda pedir asilo.
Esas nuevas normas sólo se levantarán cuando el promedio diario de arrestos se mantenga por debajo de los 1.500 por un periodo de siete días consecutivos.
La presión de una contienda electoral en noviembre contra el expresidente Donald Trump (2017-2021), quien ha redoblado sus ideas xenófobas en esta campaña, ha empujado al demócrata Biden a tomar medidas cada vez más restrictivas.
Y es que, según las encuestas, la gestión de la migración es uno de los temas que más preocupan a los votantes de cara a las presidenciales.
Durante la rueda de prensa, el secretario señaló que las restricciones están haciendo que los migrantes cambien de opinión y decidan no viajar hacia EE.UU.
"Las normas están cambiando los cálculos de aquellos que están pasando cruzar la frontera", dijo Mayorkas.
Antes de que entraran en vigor las restricciones, las personas que cruzaban hacia EE.UU. sin autorización podían pedir asilo y, si pasaban un filtro inicial conocido como entrevista de miedo creíble, se les permitía entrar al país mientras esperaban a que sus casos se resolvieran.
La ley requiere que para solicitar este tipo de protección una persona debe estar ya en suelo estadounidense.
Es por esto que un puñado de grupos en defensa de los derechos civiles presentó el pasado 15 de junio una demanda para bloquear las reglas, que tildan de "ilegales".
El documento legal argumenta que las normas son "rotundamente inconsistentes con el estatuto de asilo que promulgó el Congreso, que permite a los inmigrantes presentar solicitudes de asilo 'ya sea que entren o no' por un puerto de entrada".