El ingreso de los auditores para cumplir con la instrucción se vio interrumpido por la negativa de la presidenta de la Asamblea Nacional (AN), Yanibel Ábrego, al permitir su acceso, indicó en un comunicado oficial la Contraloría General de la República (CGR).
La Contraloría señaló que "hoy nuevamente en un acto arbitrario y antijurídico se impidió a nuestros auditores iniciar la correspondiente auditoría", afirmó el Contralor, Federico Humbert.
Destacó que la situación se produjo a pesar de un fallo del pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que denegó un amparo de garantías constitucionales presentado el 16 de mayo de 2018 por Ábrego contra la resolución que ordenaba la auditoría.
Agregó que este jueves se emitió otra resolución para reanudar la auditoría suspendida, pero se impidió a los auditores comenzar la diligencia.
El Contralor Federico Humbert dijo que es "inaceptable" que el primer Órgano del Estado "sea quien promueva en un abierto ejemplo de rebeldía e insubordinación a la CSJ, el cumplimento de la Constitución y la Ley".
"Son más de 59 millones de dólares (de fondos públicos) por los cuales la Asamblea no quiere rendir cuentas; quien no la debe, no tiene por qué temerla. Recurriremos a todas las instancias que nos faculta la Ley, para llevar adelante nuestra responsabilidad fiscalizadora a las que nos obliga la Constitución", remarcó el Contralor.
Humbert añadió que luego de los "nefastos resultados" de las auditorías realizadas a la planilla 172 y las donaciones de la AN, "no me sorprende que esta institución insista en evitar que la CGR, y por ende la ciudadanía, conozcan cómo se manejaron los fondos de esa planilla".
La AN emitió una declaración pública en la que rechaza haber negado el ingreso de los auditores, a quienes "de manera respetuosa se les atendió" y "se les informó de la disponibilidad de cooperar una vez se reciba la (petición de) aclaración presentada ante la CSJ".
El Parlamento recordó que el pasado 24 de mayo presentó una solicitud de aclaración de sentencia frente al fallo de la CSJ que negó el amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer emitida por el Contralor "que es fundamental para determinar la futura validez o nulidad de la auditoría".
El primer órgano del Estado señaló que "está a la espera de que se resuelva la aclaración presentada, la cual ya está en trámite en la máxima corporación de justicia".
La Contraloría quiere auditar la denominada "Planilla 080", una partida mensual de la que disponen los diputados para contratar a su personal de confianza y que en los últimos tiempos ha sido objeto de múltiples polémicas por falta de transparencia y presunto nepotismo.
Dicha nómina fue elevada de 4,000 a 30,000 dólares por cada legislador en 2014, recién empezada la actual administración del presidente Juan Carlos Varela, que será sucedido el 1 de julio próximo por el socialdemócrata Laurentino Cortizo.
En mayo del año pasado, el Parlamento publicó información sobre las más de 3,000 personas contratadas supuestamente por los 71 diputados que integran el Órgano Legislativo, pero algunos sectores lo consideraron insuficiente por falta de detalles específicos.
En ese mismo mes, la AN impidió a varios funcionarios comenzar una auditoría sobre los polémicos gastos de contratación de personal de los diputados a través de la nómina 080, denunció también en esa ocasión la Contraloría.