Cada día más niños son sacados de las escuelas” por sus atemorizados padres inmigrantes, dijo en una teleconferencia el abogado Sam Brooke, del Centro de Leyes sobre la Pobreza en el Sur (SPLC).
El SPLC y otras organizaciones han presentado acciones legales para apelar la decisión de la jueza Sharon Lovace Blackburn, tomada la semana pasada, que entre otras medidas punitivas permite que las escuelas revisen el estatus legal de los estudiantes y de sus padres.
Brooke indicó que están recomendando a los padres abstenerse de dar información y que pidan ayuda a organizaciones proinmigrantes, pero señaló que “desafortunadamente” ya se están denunciando casos de profesores que preguntan sobre la situación migratoria de sus alumnos.
Agregó que “lo más preocupante” es que la ley HB56 instruye a las entidades estatales, incluyendo a la policía, a formular ese tipo de preguntas.
La presidenta del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), Janet Murguía, manifestó que la ley antiinmigrante de Alabama ha creado un “efecto escalofriante que es real” y que condena a los niños por el hecho de que sus padres sean indocumentados.
En la teleconferencia participaron los presidentes de la Asociación Nacional de Educación (NEA), Dennis Van Roekel, y de la Federación Estadunidense de Profesores (ATF), Randi Weingarten.
En las escuelas se respira un “ambiente de miedo, nadie gana” con ese tipo de medidas segregacionistas que pueden perpetuar el analfabetismo, sostuvo Van Roekel, quien urgió a los padres a enviar cartas a las autoridades y sus representantes en el Congreso.
“Asustar a los niños” no es la respuesta al problema de la inmigración, aseveró por su parte Weingarten, al afirmar que el efecto de la ley de crear temor ha sido inmediato.
Roseann Rodríguez, de la Coalición de Alabama para los Intereses Hispanos (HICA), advirtió sobre una “crisis humanitaria” que puede afectar incluso a ciudadanos estadunidenses como ella, que es de origen puertorriqueño, porque la aplicación de la ley se prestaría a señalamientos discriminatorios.