Peña aseguró que el gobierno no se apartó “ni un milímetro de la ley, la ética, la transparencia y la institucionalidad” y negó que se haya condonado deuda alguna, aunque la víspera el presidente ya fue imputado por un fiscal que investigará si hay algún delito a perseguir.
El caso estalló la semana pasada, al revelarse el dictamen de la fiscal Gabriela Boquín en el que calificó como “abusivo”, “desleal”, “irrazonable” y “ruinoso” un acuerdo que el gobierno negoció en la más absoluta discreción con el Grupo Macri.
La historia data de la década de 1990, cuando el emporio empresarial conducido por el padre del presidente, Franco Macri, obtuvo la concesión del Correo Argentino, pero en 2001 comenzó a arrastrar una deuda con el Estado de 300 millones de pesos, equivalentes entonces a 300 millones de dólares.
Macri padre nunca pagó esa deuda y, además, en 2003 demandó al Estado por la reestatización del Correo decretada por el fallecido ex presidente Néstor Kirchner, litigio que todavía no se resuelve.
En junio pasado, seis meses después de que Macri hijo asumiera la presidencia, su gobierno aceptó que el Grupo Macri, formado ahora por los hermanos e hijos del mandatario, pagara 300 millones de pesos por el capital de la deuda más 300 millones de pesos de intereses.
La fiscal consideró que esta cifra, equivalente a unos 37 millones de dólares, es una condonación no un pago, ya que en realidad implica una rebaja del 98.8 por ciento de la deuda original dado el tiempo transcurrido.
Un análisis técnico ordenado por la fiscal concluyó que la deuda actualizada equivale a cuatro mil 277 millones de pesos (unos 285 millones de dólares) y que sube hasta los 70 mil millones de pesos porque ese sería el monto en 2033, año en el que se pagaría la última cuota acordada.
La gravedad del caso aumenta porque el Grupo Macri tiene una demanda paralela de unos dos mil 500 millones de pesos en contra del Estado por los perjuicios que, según la empresa, le acarreó la estatización del Correo.
Pese a que hay un evidente conflicto de interés, Peña aseguró que el acuerdo no es tal porque antes la Cámara Federal debe dar su veredicto, además de que el gobierno ya solicitó la intervención de la Auditoría General de la Nación.
“Lo que le decimos a los abogados del Estado es que primero paren la pelota, analicen el conjunto de la discusión, que la Cámara busque expertos externos, que actúe con celeridad, porque son 15 años y cada día que pasa es peor este tema”, afirmó.