La decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) de anular la condena el pasado lunes, produce un "gigantesco agravio a las víctimas sobrevivientes que han creído en la justicia", destaca un pronunciamiento leído en rueda de prensa.
En opinión de estos grupos "no es legal" que tres magistrados -la CC tiene cinco, dos de los cuales votaron en contra- hayan regresado el proceso a fases ya concluidas.
Y es que el alto organismo constitucional regresó el juicio por genocidio y deberes contra la humanidad hasta el 19 de abril, con lo que anuló la condena a Ríos Montt y también la absolución del antiguo director de Inteligencia Militar, el general retirado José Rodríguez.
La resolución de la CC tiene un solo nombre: "Impunidad" y demuestra la injerencia de grupos de poder, sostiene el pronunciamiento leído por Edwin Canil, del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh).
Los tres magistrados, aseguran, le han negado a las víctimas del genocidio de forma "perversa" el acceso a la justicia al haber anulado de forma "ilegal" la sentencia.
"Con su actuar ilegal y malicioso, estos magistrados generan un efecto devastador para el sistema de justicia" porque el genocidio contra el pueblo indígena ixil ha sido reconocido y condenado por un tribunal, señalan.
El abogado de Caldh, querellante adherido al proceso judicial, Héctor Reyes, dijo en la rueda de prensa que han presentado a la CC tres amparos con el fin de revertir la resolución.
El jurista explicó que con estas acciones buscan que los magistrados enmienden el procedimiento porque la anulación de la sentencia "no está apegada a derecho".
Reyes manifestó que el panorama del proceso es de "zozobra" porque ya no es posible que el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, que emitió la condena, vuelva a dirigir el juicio porque ya emitió opinión.
El abogado teme que el juicio vuelva a repetirse en virtud de que "es imposible" que otro Tribunal conozca el proceso a partir del 19 de abril, porque hasta esa fecha ya se habían presentado todas las pruebas por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad.
Las organizaciones, entre ellas Caldh, la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR), otras de las querellantes, la Fundación Rigoberta Menchú, la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y la Comisión Nacional de Viudas, anunciaron una marcha para el próximo viernes para rechazar la anulación de la condena.
Un portavoz de Caldh dijo a Efe que durante la manifestación visitarán la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la CC para exigir que se haga justicia a las víctimas del genocidio.
Ríos Montt, quien gobernó de facto entre 1982 y 1983 y Rodríguez, son juzgados desde el pasado 19 de marzo por la muerte de 1.771 indígenas ixiles en el departamento noroccidental de Quiché en 17 matanzas perpetradas por el ejército. (EFE)