El responsable financiero de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, Rafael Vilá, señaló hoy que de esos 12 consorcios saldrá una selección final de las compañías que optarán a adjudicarse el concurso, que según la prensa local supondrá una inversión de entre 30 y 80 millones de dólares.
El directivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, entidad encargada de la gestión del concurso internacional, dijo que no hay fecha todavía para la selección de los finalistas y que tampoco se ha fijado un número concreto de empresas que pasarán al último tramo del concurso.
Vilá señaló que debido a los procesos burocráticos que conlleva un concurso de estas características y la gran cantidad de información a analizar es posible que no se conozca el ganador hasta principios de 2012.
En cuanto a la cifra de inversión, dijo que es pronto para definir una cantidad y matizó que las apuntadas por la prensa son solamente una valoración periodística.
La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas ya adelantó que la empresa que se adjudique el concurso deberá acometer, de forma inmediata, una inversión para la mejora del estacionamiento, pistas, edificio principal, terminales y accesos a la infraestructura.
La entidad subrayó recientemente a través de su director, David Álvarez, que el pobre crecimiento de pasajeros del primer aeropuerto de Puerto Rico, en especial si se compara con los de Miami, Panamá y Santo Domingo, se debe a la falta de inversiones.
"Este nivel de interés ha excedido nuestras expectativas. El resultado demuestra que Puerto Rico ha desarrollado credibilidad para atraer inversión externa nueva mediante las Alianzas Público- Privadas", apuntó Álvarez.
El directivo explicó que el objetivo del concurso y de que éste se lleve a cabo a través de una alianza público-privada es el de transformar el aeropuerto de la capital en uno de clase mundial que convierta a Puerto Rico en un punto de conexión aérea internacional.
El Ejecutivo puertorriqueño quiere que el concurso sirva para que se lleven a cabo unas mejoras necesarias en el mantenimiento que actualmente el gobierno no puede ejecutar por falta de fondos.
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, que opera 13 aeropuertos en México y con un volumen de pasajeros de 11.6 millones, es el primero de los consorcios que toman parte en el concurso.
El Grupo Aeroportuario del Sureste, que controla 9 aeropuertos en el sureste de México, incluido el de Cancún, es otro de los grupos que opta a hacerse con el control del Muñoz Marín.
AENA Internacional, filial de AENA Aeropuertos, otro de los aspirantes, opera 47 aeropuertos en España y participa en la gestión de otros 28 repartidos por todo el mundo.
La española Ferrovial, con 6 aeropuertos en el Reino Unido, entre ellos el londinense de Heathrow, participa en el concurso junto al proveedor de servicios financieros australiano Macquarie.
Corporación América es otra multinacional latinoamericana, argentina en concreto, que toma parte en el concurso, gracias a su experiencia en la gestión de 47 aeropuertos con un tráfico de pasajeros de 25 millones de personas, en el país austral, Uruguay, Ecuador y Armenia.
El brasileño Camargo Correa Investimento em Infra-Estructura y Gestión e Ingeniería IDC de Chile se unen junto a Flughafen y Public Sector Pension Investment Board en el consorcio internacional Flughafen Zurich AG, PSP, Camargo e IDC.
AGUNSA, compañía con base en Chile especializada en concesiones administrativas de puertos y aeropuertos, es otro de los candidatos sudamericanos.
La lista incluye al consorcio Fraport AG & Goldman Sachs Infrastructure Partners, de Alemania y Estados Unidos, y a GMR Infrastructure & Incheon International Airport Corporation, en la que se unen una sociedad de India con otra de Corea del Sur.
TAV, que gestiona el principal aeropuerto de Turquía, Advent International Corporation y Puerto Rico Gateway Group, con capital estadounidense completan la lista.
El "Muñoz Marín" dispone de dos pistas de 3 y 2.5 kilómetros, respectivamente, y tres terminales para pasajeros.
La concesión del aeropuerto de San Juan se produce durante el quinto año consecutivo de crisis económica en el país caribeño, lo que ha limitado las inversiones del Ejecutivo.