La discusión será posterior al debate sobre la legalización del aborto que culminará el 8 de agosto en una sesión en la que el Senado decidirá si aprueba o rechaza la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo y que ya fue avalada por la Cámara de Diputados.
De esta manera, con el aborto y las drogas ilegales, el Parlamento del país sudamericano tendrá un año de discusiones de temas progresistas que colocan a Argentina a la vanguardia en la región.
El debate comenzará el próximo 21 de agosto, cuando el presidente Mauricio Macri reciba el proyecto de reforma del Código Penal que, a su vez, deberá enviar al Senado para su análisis y eventual aprobación.
La iniciativa despenaliza la tenencia de drogas ilegales cuando sean cantidades mínimas y se consuman de manera privada, causales que todavía hoy provocan detenciones y procesamientos judiciales.
Aunque ya hay un par de fallos de la Corte Suprema que sentaron jurisprudencia al considerar no punible el consumo personal de drogas ilegales, en los hechos las cárceles argentinas se siguen llenando de personas que tenían escasos gramos de cocaína o un cigarrillo de marihuana.
La pena de dos años de prisión prevista para esos delitos desaparece en el nuevo Código Penal, así como la criminalización de los consumidores de hojas de coca, los autocultivadores de marihuana y los tenedores de semillas de cannabis.
El año pasado, el Congreso aprobó la legalización de la marihuana con fines medicinales, pero mantuvo la penalización al autocultivo a pesar de que es fundamental para atender a los pacientes que requieren el extracto de la planta.
El problema será definir cuál es la cantidad permitida de tenencia o cultivo, ya que si queda al libre arbitrio del juez las detenciones y condenas seguirán siendo selectivas y estigmatizantes, como hasta ahora.
Como una manera de contrarrestar las previsibles críticas y resistencias a la despenalización del consumo personal de drogas ilegales, el nuevo proyecto de Código Penal incorpora los delitos de narcotráfico y estupefacientes y aumenta las penas previstas.
Por ejemplo, serán penados con cuatro a 15 años de prisión las personas que siembre, cultiven o guarden plantas o semillas aptas para la producción de estupefacientes a gran escala.
También se aumenta de cinco a 20 años de prisión la pena prevista para quienes ocupan los escalafones más altos en la cadena del narcotráfico, es decir la fabricación, la producción y la comercialización.
