Bruni se encuentra en los locales de la Oficina Anticorrupción, en Nanterre, a las afueras de París, para comparecer por segunda vez en este caso, tras haber prestado testimonio ya en junio de 2023.
Entonces lo hizo como simple testigo y en esta ocasión lo hace en calidad de encausada, indicó la web de investigación Mediapart.
La ex primera dama comparece por el llamado "caso Takieddine", por el nombre del intermediario de armas que acusó al expresidente de haber recibido financiación del régimen libio de Muamar Gadafio para su campaña presidencial de 2007, la que le llevó al Elíseo.
En concreto, Bruni está encausada por una investigación derivada de esa causa, según la cual allegados de Sarkozy trataron de acallar a este oscuro intermediario, que en varias ocasiones ha cambiado su testimonio.
El propio Sarkozy está imputado desde octubre pasado por intento de influir en un testigo, asociación de malhechores para preparar una estafa en banda organizada.
Junto a él y su esposa, otras nueve personas están imputadas, sospechosas de haber tratado de influir en el testimonio de Ziad Takieddine para que no acusara al expresidente.
Este intermediario, que se encuentra huido en Líbano para escapar de las imputaciones contra él en un caso de venta de armas a Pakistán, acusó en un primer momento a Sarkozy de haber recibido dinero de Gadafi.
En 2020, Takieddine se desdijo en una entrevista publicada en Francia, pero como sus palabras no tuvieron suficiente eco, un grupo de intermediarios trató de acudir a Líbano para obtener una declaración notarial que absolviera al expresidente.
En esta operación intervino una figura de la prensa del corazón "Mimi" Marchand, amiga personal de Bruni, que los investigadores sospechan que pudo ayudarle en esa empresa.
En concreto, intervino para que pudiera obtener los test de covid-19 necesarios para poder viajar a Líbano en 2020, en plena pandemia.
Además, los investigadores encuentran sospechoso que la ex primera dama borrara todos los mensajes que había intercambiado con Marchand después de que esta fuera imputada en el caso.
Sarkozy deberá comparecer a principios de 2025 ante los jueces por la presunta financiación de su campaña de 2007 con dinero de Gadafi, unos 608,000 euros, según los investigadores.
El expresidente ya ha sido condenado por la financiación ilícita de su campaña de 2012 a seis meses de cárcel, la mitad de la pena que le había sido impuesta por un caso de tráfico de influencias a su salida del Elíseo, sentencias que han quedado en suspenso a la espera de que juzgue el Tribunal Supremo.
Además, la justicia tiene abiertas otras investigaciones contra el Sarkozy, como su papel en la atribución a Catar del Mundial de fútbol de 2022.