La funcionaria del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) reconoció que el secuestro, asesinato, intimidación y amenaza a los comunicadores sociales viola los derechos fundamentales de las personas y coarta la libertad de expresión.
Al hablar ante el pleno del organismo, se refirió a una queja derivada de una petición de información presentada por una persona ante la Secretaría de Gobernación, la cual se reservó los datos con el argumento de se podría poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud del solicitante.
Mencionó que el solicitante requirió las metodologías, lineamientos y criterios para que una persona sea atendida por el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, a lo que la dependencia contestó que la información estaba reservada por cinco años.
Tras la presentación del recurso RRA 1607/17 por parte del solicitante, la comisionada argumentó que "lo que menos se necesita ahora es silencio; debemos exigir que se haga justicia. El Estado tiene la obligación de buscar la forma de solucionar tan lamentables condiciones”.
En ese sentido, indicó que al atender el recurso se realizó una audiencia de acceso a la información clasificada, pues Gobernación no entregó los datos pero sí reconoció haber encontrado seis documentos al respecto.
La comisionada expresó al pleno que “toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.
Sin embargo, admitió que derivado de la audiencia de acceso a la información clasificada, se convino poner a disposición del solicitante un archivo electrónico con cuatro de los seis documentos y entregar versión pública de los otros dos.
Aunque frente a esas circunstancias, el pleno del INAI decidió sobreseer el asunto, la comisionada Kurczyn Villalobos reconoció el papel fundamental de los periodistas en la transparencia y la rendición de cuentas en una sociedad democrática.
Mientras que el año pasado 10 mil 693 de las personas que solicitaron información a alguno de los sujetos obligados por la Ley de Transparencia dijeron ser periodistas, en lo que va de 2017 la cifra va en siete mil 137.