"A finales de año, cuando desaparezcan los instrumentos que los fondos buitre han utilizado para la extorsión, habrá mejores posibilidades para dialogar con los acreedores que optaron por quedar fuera de la reestructuración de la deuda", afirmó Kicillof.
Para entonces vence la llamada cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers) por la cual Argentina no puede ofrecer mejores condiciones a otros bonistas que las que ofreció al restante 92.4 por ciento que aceptó la reestructuración de la deuda en 2005 y 2010.
Argentina enfrenta un conflicto judicial en Estados Unidos con los "holdouts", a los que denomina fondos buitres, que no aceptaron las reestructuraciones previas de deuda con amplios recorte de capital y que representan el 7.6 por ciento de los acreedores.
"El default más grande de nuestra historia fue causado por el neoliberalismo. Y lo arreglamos muy bien, pero ahí apareció el pequeño grupo de abogados, más que de financistas, y un juez que se hizo eco de esto", afirmó Kicilloff.
El juez del Distrito Sur de Manhattan Thomas Griesa ordenó a la Argentina pagar 1,300 millones de dólares más intereses a "fondos buitre" por los bonos que poseen, pero Buenos Aires anunció que no cumplirá con el fallo por el momento, ante el riesgo de que desate una ola de demandas del resto de los "holdouts" y de los acreedores que aceptaron los canjes de deuda de 2005 y 2010.
Kiciloff afirmó que muchos gobiernos, entre ellos México, han acompañado la posición argentina y "mostraron buena disposición frente a un problema que no quisieran ver reflejado en el espejo de su porvenir". (DPA)