Argentina debate rol de agencia de inteligencia tras muerte de fiscal

La resonante muerte de Alberto Nisman, el fiscal especial del caso por el atentado a la mutual judía AMIA perpetrado en 1994, reabrió el debate en la Argentina acerca del rol y el funcionamiento de los servicios de inteligencia del país.

00123532-original.jpeg

Alberto Nisman.

El gobierno argentino sostuvo que "es absolutamente imprescindible" conocer los motivos de la muerte de Nisman, ocurrida este domingo por un disparo en la cabeza, aunque aún no se confirmó si fue un suicidio.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dijo hoy que en caso de que el fiscal hubiera recibido amenazas, habría que saber si "provenían de agentes de inteligencia actuales o desplazados o extranjeros".

"Pudo haber sido una interna de la SIDE", reforzó el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, en referencia a la posibilidad de que sectores relacionados con la ex Secretaría de Inteligencia del Estado hayan tenido injerencia en las investigaciones judiciales y, acaso, propiciado la determinación del fiscal.

El miércoles pasado Nisman denunció a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner; al ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman; al diputado nacional Andrés Larroque; y a dos dirigentes políticos. Los acusó de encubrir a los iraníes sospechados por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) perpetrado en Buenos Aires en 1994, que dejó 85 muertos.

El gobierno sostuvo que la denuncia escondía una "maniobra" de los servicios de inteligencia. En diciembre pasado, la presidenta renovó la cúpula de la Secretaría de Inteligencia (SI). Su director, Héctor Icazuriaga, renunció tras 11 años en el cargo y fue reemplazado por Oscar Parrilli, hombre de extrema confianza de la jefa de Estado, que dejó su puesto como secretario general de la Presidencia.

También abandonó su lugar el segundo de la SI, Francisco Larcher, señalado como "el jefe en las sombras" y sobre el que recaían sospechas de favorecer a opositores al gobierno.

La primera decisión fuerte de Parrilli al asumir el mando de la SI fue pedirle la renuncia al director de Operaciones Antonio "Jaime" Stiuso, de 61 años, desplazado tras cuatro décadas en la institución. Algunas miradas apuntan al vínculo que Nisman reconoció tener con él, que "acompañó como un fantasma la labor del fiscal en la causa AMIA", señaló hoy el diario "La Nación".

Gustavo Beliz, que fue ministro en los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y Néstor Kirchner (2003-2007), exhibió en un programa de televisión en 2004 una foto de Stiusso, un hombre -contó- "al que todo el mundo le tiene miedo". Tras su intervención, Beliz fue denunciado por revelar datos de la seguridad del país y vive en Estados Unidos.

Este lunes, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), encabezado por el periodista Horacio Verbitsky, difundió un comunicado en el que aseguró que "los obstáculos" surgidos en la investigación del atentado a la mutual judía se relacionan con "maniobras de encubrimiento determinadas por un entramado ilegal de funcionamiento de las agencias de inteligencia" y "sus vínculos con la justicia federal".

En sus más de 20 años de duración, la investigación por el atentado incluyó varias denuncias por irregularidades. Una de ellas, el pago de 400,000 dólares por parte de la ex SIDE a uno de los testigos del caso para involucrar a otros acusados.

Por este y otros hechos se espera que a mediados de año se realice el juicio oral contra el ex presidente y actual senador nacional Menem; el ex secretario de la SIDE Hugo Anzorreguy; y el ex juez del caso AMIA Juan José Galeano.

Apenas conocida la muerte de Nisman, referentes políticos de la oposición pidieron al gobierno que implemente reformas en su sistema de inteligencia.

El alcalde de Buenos Aires y precandidato presidencial, Mauricio Macri, criticó al kirchnerismo porque "usó los servicios de inteligencia para amedrentar de mala manera" a opositores.

Para el dirigente Jorge Altamira, del izquierdista Partido Obrero, "la muerte de Nisman deja en evidencia la gravedad de esta guerra de servicios, donde el Estado es el principal responsable". (DPA)