Mientras los procesos que involucran a Fernández de Kirchner avanzan de manera acelerada, los que atañen a Macri se cierran o paralizan y los de Menem se alargan durante décadas hasta culminar en la impunidad.
Desde que la expresidenta dejó de gobernar, en diciembre de 2015, las causas en su contra se multiplicaron de repente, a tal punto que el próximo año deberá enfrentar por lo menos tres juicios orales y públicos.
Fernández de Kirchner está procesada en otras causas, la mayor parte de ellas por corrupción, y los fiscales o jueces le imputan delitos como lavado de dinero, fraude a la administración pública, enriquecimiento ilícito y cobro de sobornos, entre otros.
El cúmulo de investigaciones en su contra ya ha provocado que en dos ocasiones el juez Claudio Bonadío solicite su desafuero al Congreso, ya que la exmandataria está amparada legalmente y no puede ser detenida porque es senadora.
El tratamiento diferencial es evidente porque Menem fue condenado en 2013 a siete años de prisión por haber traficado armas a Croacia y Ecuador, pero ni jueces ni legisladores solicitaron nunca su desafuero ni hicieron escándalo mediático alguno, como si ocurre con la expresidenta.
Además, la semana pasada Menem fue absuelto ya que un tribunal consideró que se había vencido el periodo “razonable” para que la condena en su contra tuviera sentencia firme y fuera ratificada por la Corte Suprema de Justicia.
La causa del tráfico de armas demoró 23 años y terminó cerrada con plena impunidad de los acusados, en cambio las denuncias contra Fernández de Kirchner llegarán a juicio en tiempo récord.
Menem acumula otras causas e incluso ahora forma parte de la larga lista de acusados en el proceso que se lleva a cabo por el encubrimiento del ataque terrorista ocurrido en 1994 en un centro comunitario judío y que mató a 84 personas, pero los medios ni siquiera cubren el juicio.
Por otra parte, las investigaciones judiciales contra Macri también avanzan de manera acelerada, pero para beneficiar al presidente y no para inculparlo, como pasa con la expresidenta.
Así ocurrió, por ejemplo, con las causas que se iniciaron cuando la investigación global Panamá Papers reveló que el presidente participaba en empresas “off shore” radicadas en paraísos fiscales y siempre sospechadas de lavado de dinero y evasión fiscal.
Macri fue el primer presidente de la historia argentina que asumió a pesar de estar procesado en una causa en la que se investigaba una red de espionaje ilegal mientras él fue jefe de Gobierno de Buenos Aires.
Los beneficios judiciales fueron inmediatos una vez que se colocó la banda presidencial, pues a fines de 2015 un tribunal lo exoneró y desprocesó de la causa, situación que se ha repetido en estos casi tres años.
