Así consta en el decreto firmado hoy por la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, en el que también se señala que el caso "se prevé de particular complejidad, a la vista de la estructura del entramado societario y jurídico que conforma el grupo de sociedades presuntamente controlado por Rodrigo Rato".
El magistrado en el que recayó el viernes la denuncia interpuesta por la Fiscalía de Madrid contra el ex director del FMI se inhibió hoy en favor del juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional, que investiga otros casos de corrupción en los que está imputado Rato.
El que fuera vicepresidente económico durante el gobierno de José María Aznar (1996-2004) fue detenido el jueves durante más de siete horas mientras agentes de la Agencia Tributaria registraban su vivienda y su despacho.
La noticia levantó un gran revuelo en España. El diario "El Mundo" publicó el fin de semana que Rato posee un patrimonio de 27 millones de euros que no habría declarado en su totalidad ni en la amnistía fiscal que el gobierno aprobó en 2012, algo que el ex director gerente del FMI negó.
Medios españoles apuntaron el viernes a que Rato pudo haber tejido un "complejo entramado societario" en diversos países, incluidos paraísos fiscales, para evitar embargos por su presunta responsabilidad en el llamado "caso Bankia", en el que el juez le impuso una fianza solidaria de 800 millones de euros.
Rato está imputado en este caso, que investiga las supuestas irregularidades en la salida a bolsa de la entidad Bankia, de la que fue presidente hasta 2012.
También está imputado por el supuesto uso de tarjetas de crédito no declaradas entre la cúpula de Bankia y de Caja Madrid, la entidad a la que dio lugar la primera tras su fusión con otras cajas de ahorros.
El decreto firmado hoy por la fiscal general del Estado recuerda que Rato se encuentra imputado en estos casos y que de ellos "pueden derivarse responsabilidades pecuniarias que presuntamente dicho imputado habría intentado eludir". (DPA)
