“Estamos profundamente preocupados por los recientes ataques contra periodistas y medios de comunicación independientes, que aumentan la presión sobre los medios de comunicación en Venezuela. Esto es especialmente alarmante dada la escasez de alimentos y medicamentos en el país, la crisis económica y las fuertes tensiones sociales y políticas”, subrayaron.
Los expertos llamaron la atención sobre las recientes detenciones, interrogatorios y confiscación de equipos de al menos siete periodistas y trabajadores de los medios. “Estamos alarmados por la noticia de que varios periodistas fueron detenidos mientras cubrían saqueos o informaban al público sobre las protestas”, afirmó el Sr. Lanza.
“Las fuerzas de seguridad deben proteger y no hostigar a los reporteros y periodistas que llevan a cabo su labor legítima de informar al público”, indicó el Sr. Kaye. “Las amenazas o ataques contra periodistas y medios de comunicación no sólo infringen los derechos de estas personas, sino que además socavan la capacidad de los venezolanos e individuos en otros lugares de estar informados sobre eventos de vital importancia”.
“Información acerca de los últimos ataques contra los periodistas que cubren el impacto de la reciente crisis económica en el terreno también merece una atención inmediata”, afirmó el Sr. Lanza al comentar sobre los agresiones registradas contra periodistas que cubrían las protestas de escasez de alimentos en Caracas el pasado 2 de junio, y los ataques contra los diarios El Aragüeño, El Caroní, y El Nacional a finales del mismo mes.
El Relator Especial de la CIDH señaló que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de los periodistas y debe responder, sin demora, a acusaciones de violencia e intimidación que los mismos sufren: “Es esencial que las autoridades venezolanas actúen con la debida diligencia y rapidez para determinar los hechos y castigar a los responsables. Las alegaciones acerca de que los atacantes pertenecerían a grupos que apoyan al Gobierno también son especialmente preocupantes y requieren una atención especial”.
“El acoso de los medios de comunicación por parte de los agentes del orden público evidentemente dificulta la capacidad de los periodistas de llevar a cabo su vital labor y propaga un fuerte ‘efecto disuasivo’ que afecta a toda la sociedad”, señaló el Sr. Kaye.
Una tendencia preocupante
Los relatores además expresaron preocupación sobre las recientes decisiones judiciales y otras medidas que aumentan considerablemente la presión sobre los medios de comunicación y limitan aún más la capacidad de realizar su trabajo de forma independiente.
El pasado 8 de junio el Tribunal Supremo de Venezuela ordenó que los sitios web de noticias La Patilla y Caraota Digital se abstengan de difundir vídeos de linchamiento a través de su página web y redes sociales. Esta resolución puede ser extendida a otros medios de comunicación del país.
“Esta reciente resolución del Tribunal Supremo establece una restricción desproporcionada y poco razonable, contradiciendo los estándares interamericanos e internacionales sobre el derecho a la libertad de expresión. El ejercicio del derecho a la libertad de expresión no puede estar sujeto a previa censura”, declaró el Sr. Lanza.
“Asimismo, estamos preocupados por el alto número de estaciones de radio que estarían operando bajo concesiones caducadas debido a que sus solicitudes de renovación de concesión permanecen ignoradas por períodos excesivos”, señaló el Sr. Kaye. “Las normas internacionales son claras en este asunto: precisamente para evitar abusos, los procesos para la concesión de licencias de radiodifusión deben ser razonables, objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios”.
Los relatores expresaron gran preocupación acerca del cierre de la emisora ??La Barinesa el 10 de junio, presuntamente debido a que su licencia habría caducado. “La adopción de medidas extremas, como el cierre de una estación de radio, debe estar basada en fundamentos sólidos y únicamente utilizados como último recurso,” el Sr. Lanza señaló.
Por último, los expertos expresaron su preocupación por el cese de actividades de los periódicos afectados por la escasez de papel para imprimir sus ediciones. Según información recibida, este año dicha escasez ha afectado la circulación de periódicos, como El Siglo de Aragua, La Mañana, Nueva Prensa, El Carabobeño y El Mío.
“La falta recurrente de papel periódico es otro de los obstáculos que enfrentan los medios de comunicación venezolanos y que requieren de una rápida aclaración y solución por parte de las autoridades nacionales”, concluyó el Sr. Kaye.
Los dos relatores enviaron una carta conjunta al Gobierno venezolano expresando estas preocupaciones. La misma solicita la clarificación de los acontecimientos ocurridos. El Estado confirmó la recepción de la comunicación, y los expertos ahora esperan que la respuesta a su solicitud permita abrir un diálogo sobre estos y otros temas relacionados con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.