Tras una reunión en la sede de la delegación del gobierno en Nápoles, Gennaro Langella, alcalde de la localidad de Boscoreale, una de las que ha registrado un mayor número de protestas y altercados en los últimos días, explicó que su rechazo al texto se debe a que sus vecinos les exigían más garantías.
"Los ciudadanos nos pedían más garantías sobre Cava Vitiello (el nuevo vertedero). No ha sido posible tenerlas. Hemos decidido, por tanto, no firmar el documento", comentó, en declaraciones recogidas por los medios italianos, Langella, quien explicó que, sin embargo, mantendrán el diálogo con el representante del Gobierno, el jefe de la Protección Civil, Guido Bertolaso.
Este anuncio pone freno a las esperanzas de que la crisis se resolviera inmediatamente, que se materializaron el sábado por la noche después de que Bertolaso y las autoridades municipales llegaran a un principio de acuerdo, condicionado al cese "inmediato" de las protestas por parte de los vecinos y a la aprobación de éstos.
Las autoridades municipales explicaron hoy a sus conciudadanos los términos de las propuestas planteadas por el Ejecutivo de Silvio Berlusconi en asambleas callejeras como la de Boscoreale, en las que las imágenes de televisión mostraron un evidente rechazo por parte de los vecinos mediante abucheos y silbidos.
El preacuerdo alcanzado anoche contemplaba la suspensión "por tiempo indeterminado" de la apertura del nuevo vertedero, que se convertiría en el mayor de Europa, así como la interrupción de la actividad del actual basurero durante tres días para realizar "las pruebas técnicas necesarias".
Este principio de acuerdo, que finalmente no firmarán los alcaldes de los municipios del entorno del Vesubio, no evitó que anoche se produjeran nuevos altercados, que se saldaron con seis agentes heridos.
Asimismo, Boscoreale fue escenario hoy de una manifestación callejera que pretendía escenificar un cortejo fúnebre por la que consideran "muerte" que acarreará el nuevo basurero al entorno del Parque Nacional del Vesubio, el volcán que se levanta frente a la bahía de Nápoles.
La Comisión Europea (CE) advirtió este fin de semana a las autoridades italianas de que podría denunciar a Italia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), como ya ocurrió hace tres años con la anterior crisis de las basuras, que concluyó con una condena en marzo pasado.