El investigador de AI en Haití, Gerardo Ducos, indicó que se reunió ayer con el fiscal haitiano, Aristidas Auguste, y el ministro de justicia, Paul Denis, y les entregó 100 documentos detallando una docena de casos de detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, entre 1976 y 1986.
"Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no puedan caer después de un período de tiempo", declaró Ducos durante una rueda de prensa.
Precisó que la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, persecución de grupos claramente identificables, como los movimientos políticos y agresiones sexuales en forma generalizada o delitos sistemáticos son crímenes contra la humanidad.
Cuatro haitianos, entre ellos una exportavoz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentaron el miércoles denuncias por crímenes de lesa humanidad contra Duvalier.
Jean Claude Duvalier apareció de sorpresa el domingo pasado en Puerto Príncipe después de 25 años de exilio en Francia y todavía no ha explicado los motivos de su retorno al país caribeño.
El pasado martes, el exdictador quedó en libertad tras prestar declaración en la Fiscalía de Puerto Príncipe, pero acusado de desvío de capitales durante su mandato (1971-1986).
De acuerdo con las previsiones de la ley haitiana, la investigación debería durar tres meses, con la posibilidad de que el juez de instrucción solicite una prórroga.
En el período de investigación, Duvalier debe permanecer a disposición de la justicia y por lo tanto, permanecer en el país.
"Jean Claude Duvalier debe rendir cuenta de sus actos y omisiones en los tribunales de Haití", dijo Ducos.
El desafío ahora es demostrar que estas acciones reveladas por diferentes denuncias, eran generalizadas o sistemáticas, subrayó el investigador de Amnistía Internacional que animó a todas las víctimas del régimen a presentar quejas, incluso si están fuera de las fronteras del país.
El organismo recomendó que embajadas y consulados haitianos ofrezcan la posibilidad de transmitir posibles demandas al juez de instrucción encargado del caso, Carves Jean.
Geraldo Ducos también mencionó las debilidades del sistema judicial haitiano e invitó al Estado a buscar soporte técnico de la ONU para ayudar en la investigación.
Investigar estos crímenes "es una obligación del Estado", sostuvo, al tiempo que señaló que "impunidad significa la denegación de justicia para las víctimas y crea un entorno donde los individuos pueden continuar cometiendo violaciones sin temor de ser arrestados, procesados y castigados".
Duvalier gobernó Haití de 1971 a 1986 como sucesor de su padre, Francois Duvalier, quien lo había hecho desde 1957.
Los Duvalier lideraron un régimen al que se considera responsable de numerosos crímenes y del desvío de sumas millonarias pertenecientes a los fondos del Estado.
En 1987, "Baby Doc" fue juzgado ante un tribunal por una demanda civil por el presunto desvío en beneficio propio de 120 millones de dólares de fondos del Estado, y en 1991 se presentó otra demanda por el supuesto robo de 800 millones que al parecer tenía en distintos bancos de Estados Unidos, Suiza y Francia.