"AI espera que los legisladores empiecen a tomar inmediatamente los pasos necesarios para garantizar que la legislación federal y estatal esté en conformidad con los tratados internacionales", apuntó en un comunicado.
El Senado aprobó en marzo la Ley de Derechos Humanos que prohíbe "toda exclusión" de las personas por origen étnico, sexo, edad, discapacidades, condición social, salud y religión.
Con la ratificación de la ley por parte del congreso del norteño estado de Tamaulipas suman ya 16 los apoyos de las legislaturas estatales (hay 31 de estas entidades) para otorgarle rango constitucional.
El Congreso federal debe validar ahora las ratificaciones y enviar la ley al Ejecutivo para que éste la promulgue.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se congratuló por la aprobación y afirmó que "podrá fortalecer la columna vertebral del Estado mexicano".
La ley dotará al organismo de mayor capacidad de conocimiento de las quejas en la materia. Las resoluciones de la CNDH no son vinculantes y, en muchos casos, los Gobiernos, aunque reconocen su recibimiento, no resarcen los perjuicios causados a las víctimas.