El legislador perredista expresó que existe una falta por parte del Senado de la República en su obligación de nombrar este elemento clave, que dijo, es prioritario pues de manera reciente se han dado situaciones polémicas como los señalamientos a la fundación “Juntos Podemos”, donde no existen datos precisos sobre cómo están funcionando los 900 millones de pesos que han recibido de parte del gobierno federal.
Al respecto, Ríos Piter recordó que la propia Ley de Transparencia establece con toda claridad que toda fundación, toda organización civil que reciba dinero público, está obligado a transparentar el destino y el uso de esos recursos: “no nos podemos conformar con lo dicho por Ricardo Anaya, quien señala que las personas que están a cargo de esta institución, son personas de buena reputación”.
Sobre el tema, adelantó que pedirá al Servicio de Administración Tributaria información sobre cuántas organizaciones están en la misma condición: “Han señalado que reciben dinero siendo no donatarias, entonces tenemos que saber si de esto se están pagando impuestos”.
También solicitará a la Auditoría Superior de la Federación instale una supervisión de cuántas son las organizaciones que tienen condiciones similares, “no solamente las que reciben dinero por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino por parte de todas las dependencias federales”.
Otro de los ejemplos que citó, es la publicación de una investigación que sitúa al Estado de Puebla como el que menos invierte en materia de transparencia: “dos pesos por persona por parte del gobierno de Puebla, de Rafael Moreno Valle, destinados a la transparencia, mientras que gasta 25 pesos por ciudadano en materia de comunicación social”. Agregó que está muy claro en dónde están las prioridades del gobernador.
El integrante de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado de la República, dijo que debe prevalecer la visión del Sistema de Transparencia, como parte del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual debe ser consolidado a más tardar cuando termine el actual período ordinario de sesiones.
Comentó también que para continuar consolidando el nuevo paradigma de rendición de cuentas en México, el Consejo Consultivo del INAI es clave para el cumplimiento de las funciones como órgano garante de la transparencia.
En ese sentido, expresó que el Senado de la República no ha realizado la convocatoria para la designación de los integrantes, aún cuando el Séptimo Transitorio estableció un plazo no mayor a noventa días a la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación, mismo que fue el 9 de mayo de 2016.
Finalmente, resaltó como positivo que el presidente Peña Nieto visitara a los militares heridos en Sinaloa, y señaló que este hecho recuerda la necesidad de realizar el debate pendiente sobre que las fuerzas armadas estén incorporadas al combate al crimen organizado, sin tener un marco regulatorio al respecto: “Ese es el gran debate que se ha postergado, porque la clase política ha dejado en la congeladora ese tema y no podemos seguir permitiendo que nuestros soldados sean afectados en estas condiciones” argumentó.