En un informe del "Centro de Estudios por la Paz J.M Delàs" de dicha ONG y titulado "Las otras violencias en América Latina", se abordan tipos de violencia que habitualmente no se reflejan en los estudios y análisis sobre conflictos armados, pero que también se ejercen con armas y se derivan muchas veces de luchas sociales.
El estudio señala que son conflictos socio-ambientales por el expolio de tierras de cultivo a campesinos o generados por demandas de derechos de comunidades indígenas, también ligados a cuestiones ambientales o de acceso al agua potable.
Cita asimismo conflictos del crimen organizado derivados del cultivo, producción y tráfico de la coca; del tráfico de personas, inmigración, trata de mujeres para la prostitución, o violencia desencadenada en la represión de todos estos conflictos y que se concentra en las cárceles.
El estudio del mencionado Centro de Justicia y Paz destaca que un indicador que señala la importancia de esas "otras violencias" son las tasas de homicidios.
Muchos países con conflictos armados internos no superan la tasa media mundial de 8.8 asesinatos por cien mil habitantes, señala el informe, que indica que "en su conjunto, los países de Latinoamérica ofrecen una tasa de homicidios de 19.9 por cien mil habitantes".
Además, en Latinoamérica se encuentran 50 ciudades de las 100 más peligrosas del mundo, con Ciudad Juárez (México) a la cabeza, con la tasa más elevada de homicidios (229 por cien mil habitantes).
"Esto demuestra -según el informe- que son muchos los países que, sin padecer ninguna guerra civil ni guerrillas internas que provoquen un número importante de muertes, tienen conflictos de otra naturaleza a los considerados como de tipología política o de guerra clásica como en Colombia, pero que en cambio tienen unas tasas muy elevadas de muertes".
Son los casos de Guatemala, El Salvador, Venezuela, Belice, Panamá, Honduras, Brasil, Perú y México, señala el informe, que concluye que la mayoría de estos casos de violencia son debidos a "una distribución desigual de la riqueza y, por lo tanto, ligadas a cuestiones estructurales".
Frente a ello, los movimientos sociales locales reclaman un desarrollo ligado a los derechos económicos, sociales y culturales de la población, "que traducidos al lenguaje común se sintetizan en la demanda cada vez más generalizada del ejemplarizante 'Sumak kawsay' (bien vivir) y de vivir en paz con la 'Pacha Mama' (naturaleza)", afirma el estudio.
El centro Delàs denuncia que América Latina "está cada vez más asediada por transnacionales que, en búsqueda de lucro, contaminan y desalojan a la población con el desarrollo de proyectos mineros, hidroeléctricos, ganaderos, pesqueros y de monocultivos intensivos".
"Para empezar a poner remedio a esa desigualdad, los gobiernos deberían poner en marcha o profundizar sus políticas de desarrollo para satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales de la población, más conocidos como DESC", con el objetivo de reducir el principal problema: "la enorme desigualdad económica que conduce a la pobreza", concluye el informe.
"Cierto es -reconoce el trabajo- que cada día existe una mayor comprensión por parte de los gobiernos de los problemas sociales y de seguridad, en parte por la presión ejercida por la población, lo que impulsa a que los gobiernos regionales se vean obligados a buscar soluciones e implementar políticas que satisfagan mejor el interés general y el bien común".