En una entrevista con Efe en la ciudad española de Salamanca (centro), donde participó en la 32ª edición de los Cursos de Especialización en Derecho, Veríssimo reconoció que ese problema "es gravísimo" y mostró su confianza en la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En concreto, recordó la denuncia interpuesta ante este organismo perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA) por parte de ocho entidades en defensa de los derechos humanos, por la "grave situación" descubierta en la cárcel de Porto Alegre, la capital de Río Grande do Sul, el Estado donde ella trabaja como fiscal.
En este centro penitenciario la situación es "lamentable, con millares de detenidos que se encuentran en unas condiciones infrahumanas", denunció.
E insistió en que, en términos globales, las cárceles de Brasil "no son dignas" y "no se respetan los derechos humanos".
Carla Veríssimo de Carli es fiscal en el estado de Río Grande de Sul, al que pertenece la ciudad de Santa María, donde el reciente incendio en una discoteca provocó la muerte de 237 personas, la mayoría jóvenes.
Tras asegurar que la organización institucional "funcionó a la perfección" tras el incendio, declaró sus dudas por las medidas impuestas por el juez de decretar prisión preventiva para cuatro personas -dos dueños del local y dos miembros del grupo de música que tocaba en la discoteca- por "haber causado homicidio calificado por asfixia".
"Claro que la sociedad tiene motivos para estar preocupada, que quiere una respuesta, pero una respuesta tan rápida no siempre es adecuada desde el punto de vista procesal", señaló.
Veríssimo de Carli recordó que la prisión preventiva "es para cuando haya un riesgo real para el proceso o si el reo puede huir del país o una amenaza de testigos o que destruya pruebas".