Un particular solicitó dichos acuerdos, precisando que debían incluir la parte considerativa, los nombres de los extraditados, de las víctimas del delito, de los cómplices, así como de los fiscales y jueces a cargo del caso.
En respuesta, la SRE proporcionó las versiones públicas de los acuerdos de extradición de Juan Carlos de la Cruz Reyna, José Antonio Acosta Hernández, Benjamín Arellano Félix y Osiel Cárdenas Guillén, en las que omitió la parte considerativa de cada acuerdo, señalando que se trataba de información clasificada como reservada, de conformidad con el artículo 13, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante presentó un recurso de revisión ante el IFAI, mediante el cual reiteró su interés por conocer la parte considerativa de dichos acuerdos, y manifestó que las cuatro personas ya habían sido sentenciadas en Estados Unidos.
En alegatos, la SRE reiteró la reserva de la información, argumentando que su difusión revelaría el expediente completo que el país requirente (Estados Unidos) tiene para procesar a dichas personas y sus posibles cómplices, así como los datos personales de víctimas y terceros involucrados en el proceso penal.
Con el fin de allegarse de mayores elementos, la comisionada ponente, María Elena Pérez-Jaén, tuvo acceso a la información reservada. En esta audiencia la SRE precisó que la parte considerativa de dichos acuerdos contiene los documentos y pruebas que el Estado requirente debe presentar para acreditar la probable responsabilidad de la persona solicitada en extradición.
De esas pruebas y documentos, expuso, se desprenden los nombres de testigos y de las personas relacionadas con los hechos, así como de las autoridades norteamericanas que intervinieron en la investigación.
No obstante lo anterior, y como resultado de la audiencia en el IFAI, la dependencia proporcionó nuevas versiones públicas de los acuerdos de extradición, las cuales contienen la parte considerativa de la resolución, con excepción de la transcripción y el análisis de la información proporcionada por el país requirente para justificar la solicitud de extradición.
Al analizar la normatividad aplicable y verificar las versiones públicas proporcionadas, la comisionada Pérez-Jaén determinó confirmar la reserva de la información invocada por la SRE, en razón de que su difusión podría causar un daño presente, probable y específico al desarrollo de las relaciones internacionales de México con otros Estados, en el caso concreto, con los Estados Unidos.
Daño presente: se pondrían en riesgo procesos penales e investigaciones en curso, no de los extraditados, sino de las personas de las organizaciones delictivas a las que pertenecían los extraditados.
Daño probable: se menoscabarían las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, toda vez que las pruebas y la investigación fueron proporcionadas, única y exclusivamente, como soporte a su solicitud de extradición. Aunado a ello, se alertaría a otras personas involucradas en la comisión de los delitos por los que fueron acusados los extraditados.
Daño específico: Los testigos y las víctimas pueden no comparecer y dejar sin materia el proceso penal acusatorio; además, se pondría en riesgo la integridad física de las personas que declararon e identificaron plenamente a los reclamados, así como de los fiscales a cargo de las investigaciones y los jueces que llevan los procesos.
Por lo anterior, la comisionada Pérez-Jaén propuso confirmar la versión pública de los acuerdos de extradición de Juan Carlos de la Cruz Reyna, José Antonio Acosta Hernández, Benjamín Arellano Félix y Osiel Cárdenas Guillén, que la SRE puso a disposición del recurrente.