Solicita Senado que se reconozca acciones colectivas en el sistema jurídico mexicano

El senador por Nayarit explicó que las acciones colectivas son entendidas como instituciones procesales que permiten la defensa, protección y representación jurídica colectiva de derechos e intereses de los miembros de una colectividad.

00009737-original.jpeg

El senador Francisco Javier Castellón Fonseca.

El senador del PRD Francisco Javier Castellón Fonseca solicitó que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados presente el dictamen relativo a la Minuta que reforma el artículo 17 constitucional, a fin de que se reconozcan “las acciones colectivas” en el sistema jurídico mexicano, y con ello permitir a los individuos y colectividades organizarse para una mejor defensa de sus derechos.

Castellón Fonseca aseguró que para hablar de un verdadero Estado de derecho no es suficiente incorporar al sistema jurídico mexicano derechos fundamentales de primera (civiles y políticos), de segunda (económicos, sociales y culturales) y tercera generación (colectivos y de solidaridad), debido a la creciente complejidad de las relaciones sociales.

Por ello, “es necesario rediseñar el enfoque de las instituciones jurídicas y dirigirlo hacia el establecimiento de acciones y procedimientos que permitan a los individuos y a las colectividades su organización para la mejor defensa de sus intereses y derechos”.

El legislador por Nayarit explicó que las acciones colectivas son entendidas como instituciones procesales que permiten la defensa, protección y representación jurídica colectiva de derechos e intereses de los miembros de una colectividad o grupo dentro de la sociedad.

Agregó que el objetivo de las acciones colectivas “es facilitar el acceso a la justicia, ya que permite que un grupo de afectados emprenda un proceso judiciales el que se faculta a una sola persona, colectivo o asociación civil, para representar a un conjunto de personas afectadas en una sola demanda”.

A decir del senador del PRD, lo anterior agiliza el proceso jurídico, reduce costos, exige la reparación del daño y marca la pauta para que los demandados corrijan “prácticas arbitrarias que afectan los derechos colectivos”.