Senado pide a SCJN definir si es legal participación de gobiernos en bancos

Horacio Duarte, presentó la controversia constitucional ante la Suprema Corte para que defina el caso de los bancos rescatados durante la crisis financiera internacional.

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Los senadores, Rosario Green, Pedro Joaquín Coldwell, Manlio Fabio Beltrones y José González Morfín.

El Senado mexicano presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional para que defina la situación jurídica de bancos mexicanos con participación accionarial de gobiernos extranjeros, como es el caso de Banamex, y prohibido por las leyes mexicanas.

El secretario técnico de la mesa directiva del Senado, Horacio Duarte, presentó la controversia constitucional ante la Suprema Corte para que defina el caso de los bancos rescatados durante la crisis financiera internacional que estalló a finales del año pasado y arrastró a la mayoría de las economías del planeta.

Duarte fue acompañado de un representante jurídico de la Cámara de Senadores en cumplimiento de un acuerdo que se aprobó el pasado 13 de octubre, en el que facultaron al presidente del Senado para interponer esta acción legal, principalmente por el caso de Banamex, propiedad del estadounidense Citigroup.

La polémica en torno a Banamex surgió tras la presunta ilegalidad de este banco debido a que la administración estadounidense se convirtió en la propietaria del 36 por ciento de su matriz, Citigroup, algo que va contra las leyes mexicanas actuales.

Esta situación se concretó después de que el Citi fuera rescatado con una inyección de 45 mil millones de dólares, una operación que buscó convertir 25 mil millones de dólares en acciones preferentes.

El Gobierno mexicano aseguró que los programas de apoyo de gobiernos extranjeros a la banca de sus países "no violan la legislación" de México.

La Secretaría de Hacienda aseguró que la intervención del Gobierno estadounidense para rescatar a Citigroup no viola las leyes mexicanas, que prohíben expresamente una participación de autoridades extranjeras en los bancos, debido a que es una intervención temporal.