Al participar en una reunión de trabajo con motivo de las investigaciones relativas a dicho accidente, con la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, que preside el Senador Ernesto Cordero, Ruiz Esparza señaló que su obligación es hacer que las empresas involucradas asuman su responsabilidad y respondan por ella en caso de existir errores u omisiones que debieron cumplirse.
"Lo más importante, afirmó, no es que haya un responsable político, es que haya culpables si hubo omisiones o errores", subrayó el funcionario.
Reiteró su solidaridad y apoyo incondicional a las familias Mena López y Mena Romero para, si así lo requieren, apoyarlas en sus gestiones. Su voluntad, aseguró, será como hasta ahora totalmente respetada.
En cuanto a la indemnización que les corresponde, comentó que es un tema que está en manos de la propia familia y que la dependencia asumirá su decisión con respeto pleno a su privacidad.
Ante senadores y diputados, Ruiz Esparza aclaró que en ningún momento se han repartido culpas ni señalado responsables, aunque tanto el dictamen de peritos independientes como las instancias externas a la SCT que han emitido opinión sobre este tema, sí han señalado indicios o responsabilidad de diferentes actores.
Reiteró que el dictamen de peritos concluye en esencia que las causas que provocaron el hundimiento del kilómetro 93.8 son el no haberse construido por parte del consorcio constructor el embovedado de la alcantarilla, contemplados en el proyecto ejecutivo.
Además de no haberse hecho recolección de basura en los cauces antes de las épocas de lluvia y las descargas irregulares que desaguan directamente al río.
Así como el taponamiento de la alcantarilla con basura, lo que provocó que el agua del Arroyo Santo Cristo, llegase entonces al terraplén, provocando el reblandecimiento de la base de la carretera, informó.
Con total respeto a las opiniones de terceros, dijo, el titular de la SCT en ningún momento se pronunció sobre posibles responsables sino hasta que se contó con dictámenes que así lo indicaron.
Aseguró que la dependencia está en espera de las resoluciones de la Secretaría de la Función Pública sobre las responsabilidades de servidores públicos federales, locales, o bien de empresas privadas, y ha coadyuvado permanentemente proporcionándole información relevante para logar dicho objetivo.
En un ejercicio de transparencia y apertura, el secretario de Comunicaciones y Transportes envió a la Tercera Comisión con días de anticipación a la reunión, un informe detallado de los acontecimientos, además de pruebas documentales, debidamente notariadas, a fin de que los legisladores tuvieran la suficiente información sobre el tema.