Ese será uno de los propósitos de la iniciativa sobre la Ley General del Seguro Universal de Salud, próxima a discutirse y a aprobarse en la mencionada Comisión.
Explicó que se pretende eficientar y vigilar el recurso asignado para que los gobernadores no lo utilicen en otros asuntos como la construcción de carreteras, puentes o la compra de patrullas, sino lo canalicen a lo que está destinado: el gasto en salud.
“Al eficientarse el recurso, se aumentaría la cantidad de intervenciones que hoy cubre el Seguro Popular, atendiendo más enfermedades y asegurando la existencia de medicamentos en las instalaciones hospitalarias”, apuntó.
Cortés Berumen señaló que velará por que los representantes del Seguro Popular en cada estado tengan una validación técnica por parte de la Federación, para que cumplan con su fin y no sean personajes ajenos al tema de la salud pública.
Una vez aprobada por el Senado, “a los 5 días de la expedición de la citada ley, sería obligatorio que los gobiernos estatales a través de su secretaria de Finanzas radiquen los recursos para ejercer en las entidades de salud y no se desvíen a otro tipo de actividades”, agregó el diputado jalisciense.
Las medidas anteriores tendrían impacto en más de 50 millones de usuarios que no tienen ningún otro tipo de seguro, ya que la correcta implementación de los recursos del Seguro Popular mejoraría los servicios a los que tienen acceso.
El también integrante de la Comisión de Desarrollo Social aseguró que con esta iniciativa “no se modifica en nada la estructura actual del Seguro Popular; no hay despidos, no hay nuevas contrataciones, no hay disminución en los sueldos. Simplemente se eficienta el recurso del recurso”, dijo.
La iniciativa que expide la Ley General del Seguro Universal de Salud viene a respaldar las leyes ya existentes en la materia, como el reglamento del Seguro Popular, encargado de emitir sus normas. Esto “es un esfuerzo para perfeccionar lo que ya está establecido para mejorar el ejercicio del gasto”, sostuvo Cortés Berumen.