“Sin duda, una de las exigencias más sentidas de la sociedad mexicana -hoy en día- es aumentar la transparencia en el manejo de los recursos públicos y poner fin a las nocivas prácticas de corrupción que desde hace varios años se vienen arrastrando”, señaló en declaraciones a la radio.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) dijo que “por eso son tan importantes las ocho acciones ejecutivas anunciadas -antier (martes)- por el presidente Enrique Peña Nieto”.
El líder parlamentario consideró “muy positivo que ahora los funcionarios tendrán que presentar una Declaración de Posibles Conflictos de Interés, que retoma las mejores prácticas internacionales, ya que ha sido diseñada con el aval de los expertos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos” (OCDE).
Manifestó que la creación de una Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, dentro de la Secretaría de la Función Pública, ayudará a transparentar la actuación de los servidores públicos a nivel federal.
“Es especialmente positivo que el Presidente de la República haya solicitado a la Secretaría de la Función Pública que investigue y resuelva si hubo o no conflicto de interés en los casos que la sociedad ya conoce ampliamente”, agregó Beltrones Rivera.
Subrayó que el Poder Legislativo también está haciendo lo que corresponde para cuidar los recursos públicos, que son de todos los mexicanos.
Prueba de ello –añadió- es la reforma constitucional en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, que se aprobará este jueves en la Cámara de Diputados.
Esta reforma busca “contribuir a la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, y generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo, y evitar abusos de crédito o deuda que suscriban los estados y los municipios irresponsablemente”, aseveró.
Resaltó que también “habremos de apresurar el paso en la construcción del Sistema Nacional de Integridad Pública, el cual afortunadamente encontrará un escenario propicio para fortalecer las prácticas de transparencia y conducta ética de los funcionarios públicos, con las medidas que ha anunciado el Ejecutivo federal”.