Celebró que estemos trabajando de esta manera, lo que necesitamos es romper esquemas, cambiar nuestra cultura de colaboración y seguramente ese será el inicio de dar mejores resultados a nuestra vida institucional”, dijo.
En su momento, la titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y participación Ciudadana, Laura Carrera Lugo aseguró que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública no contempla la prevención del delito por lo que señaló que es importante atender dicho tema en otra ley.
Representantes de las sociedad civil, del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), y de la Universidad Nacional Autónoma de México, coincidieron en la urgencia de contar con una Ley de Atención a Víctimas, para garantizar el respeto, acceso a la justicia y reparación del daño a las víctimas del delito.
El líder del “Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad”, Javier Sicilia, resaltó la urgencia de contar con una ley que atienda a las víctimas, ya que el Estado criminaliza a las víctimas. Hasta el momento, la lucha contra el crimen organizado ha dejado 62 mil 700 muertos, más de 10 mil desapariciones tan sólo en Jalisco y el 98 por ciento de los delitos quedan en la impunidad.
El abogado Julio Hernández Barros, del INACIPE, explicó que con la propuesta del instituto, se procura garantizar que las victimas de delito y de la violación a los derechos humanos, el acceso a la justicia y la reparación integral sean respetadas como lo señala la Constitución. La ley establece las medidas de ayuda inmediata, en salud, alojamiento, alimentación, funeraria y de transporte, protección y asesoría jurídica.
Además, se crea el Instituto Federal de la Defensoría Pública, el Registro Nacional de Datos Forenses y el Consejo Social Victimal, Sistema Nacional de Víctimas que será la encargada de regular y supervisar políticas públicas para la protección de victimas y el Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación Integral, encargado de dar los recursos necesarios a las víctimas del delito. “Se deberá evitar en todo momento la revictimización y criminalización”.
La presidenta de la Fundación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace dijo que es necesario presentar una propuesta ante el Congreso que integre todas las aportaciones de la UNAM y del INACIPE, para crear un instrumento que pueda hacer más eficiente a la policía, ya que se destina más recursos, pero no hay capacitación ni prevención del delito en las corporaciones.
“Mientras no se resuelva el tema de la policía, no vamos a tener eficacia en la persecución de los delitos. El mensaje que estamos mandando es que tu puedes hacer lo que sea, al fin que es muy probable que no te agarremos, tenemos que eficientar la policía”, reiteró.
El abogado general de la UNAM, Raúl González, afirmó que si bien esta ley no es la solución a los problemas de seguridad que enfrenta el país, si es una solución que para hacer más rápido y eficiente el acceso a la justicia y a la seguridad, tendiendo como eje principal la prevención del delito.
Indicó que la disposición de la Universidad para trabajar en coordinación con el INACIPE y con las autoridades correspondientes para integrar la ley que será un apoyo a las víctimas, el respeto a los derechos humanos y evitar que sean revictimizadas por el Estado.